TARIJA, 27 feb (El Libre Observador) — En una región donde la uva madura a más de 1.800 metros de altura y el vino se ha convertido en identidad y sustento, el Gobierno boliviano decidió este viernes mover una pieza sensible de su engranaje fiscal. El presidente Rodrigo Paz anunció la modificación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) aplicado a productos con contenido alcohólico, con el objetivo de aliviar la carga tributaria sobre productores nacionales y estimular la generación de empleo.
El anuncio tuvo lugar en Tarija, durante la firma de un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), un escenario elegido con cuidado. Allí, el mandatario citó a las bodegas tarijeñas, conocidas por sus vinos de altura, como ejemplo de un sector productivo que necesita incentivos para competir, crecer y sostener una cadena económica que mueve más de 130 millones de dólares anuales.
“El ICE se va a modificar para dar ventaja a los bodegueros, a los productores, a los singaneros”, afirmó Paz, en un discurso que mezcló diagnóstico económico y mensaje político. Para el Ejecutivo, el impuesto, concebido originalmente para desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, terminó afectando de manera desproporcionada a actividades productivas con valor agregado, identidad territorial y potencial exportador.
El ICE grava la comercialización de bebidas alcohólicas, productos fermentados y tabaco, y su recaudación se destina, en parte, a políticas públicas de salud. Pero el Gobierno considera que el esquema actual requiere ajustes para no frenar sectores que generan empleo formal en regiones donde las alternativas económicas son limitadas. La vitivinicultura tarijeña, junto con la producción de singani, aparece así como emblema de una discusión más amplia sobre el equilibrio entre salud pública, recaudación y desarrollo.
La decisión no llega aislada. Forma parte de una reforma tributaria de mayor alcance presentada el 19 de febrero ante la Asamblea Legislativa, que busca reordenar el sistema impositivo y ampliar la base de contribuyentes. El proyecto propone crear un régimen especial para pequeños productores y comerciantes, con la condonación total de deudas impositivas acumuladas hasta 2017 y la eliminación de multas e intereses posteriores.
La firma del convenio con la CAF sirvió también como telón de fondo para subrayar el respaldo de organismos multilaterales a la estrategia de reactivación productiva. El Ejecutivo busca combinar alivio tributario con financiamiento para infraestructura y desarrollo, en un contexto de desaceleración económica y presión social por empleo y crecimiento.
