SANTA CRUZ, 26 feb (El Libre Observador) — La justicia boliviana ordenó este miércoles 100 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco del proceso conocido como caso Pavimento, una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas que vuelve a poner bajo escrutinio la gestión municipal y la lucha contra la corrupción en Bolivia.
La medida cautelar fue dictada por una jueza tras una audiencia celebrada en La Paz y deberá cumplirse en el penal de Palmasola, según confirmaron fuentes judiciales.
La fiscal asignada al caso, Milenka Rojas, sostuvo que la decisión se fundamenta en un informe de la Contraloría General del Estado y en las actuaciones del Ministerio Público, incluidas inspecciones y observaciones técnicas realizadas durante la investigación.
“El fundamento es el informe de la Contraloría y las actuaciones realizadas por el Ministerio Público, como la inspección y los diferentes puntos observados”, declaró Rojas al término del acto judicial, al señalar que también se valoraron registros y otros elementos incorporados al cuaderno de investigación.
El proceso se abrió en diciembre de 2025 a instancias del exconcejal Carlos Manuel Saavedra, hoy candidato a la Alcaldía cruceña, quien presentó una auditoría operacional que detecta irregularidades en la administración y ejecución de obras del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.
El documento menciona 16 proyectos de pavimentación reportados como concluidos que presentarían inconsistencias; algunos, según la denuncia, no habrían sido finalizados.

Saavedra afirmó que los hallazgos reflejan presuntas fallas en la gestión de recursos públicos, una acusación que la Fiscalía considera respaldada por indicios suficientes para sustentar la imputación formal. El fiscal departamental Alberto Zeballos aseguró que la resolución judicial se emitió con base en indicios racionales puestos a consideración de la autoridad jurisdiccional.
La defensa del alcalde rechazó las acusaciones y calificó la detención preventiva como desproporcionada. Su abogado sostuvo que la orden de aprehensión no reconoce la existencia de “obras fantasmas” y aseguró que las construcciones existen.
“Hemos verificado la existencia de las obras; la única irregularidad son tres postes de energía en una calzada”, afirmó, al añadir que el informe de la Contraloría no establece indicios de responsabilidad directa contra ninguna autoridad.
Fernández fue aprehendido el martes por la tarde tras prestar declaración en dependencias de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción. Durante su comparecencia sufrió una descompensación y permaneció posteriormente en celdas policiales, antes de la audiencia cautelar que derivó en su traslado a prisión.

