LA PAZ, 25 mar (El Libre Observador) — En las ciudades de La Paz y El Alto, los motores están apagados y ocupan las calles como barricadas. Minibuses y micros atravesados en avenidas fundamentales, taxis inmóviles en fila, conductores molestos que bloquean. No es una protesta más, es el síntoma visible de una fractura que se viene gestando en silencio, entre tanques de gasolina, talleres mecánicos y promesas del Gobierno incumplidas.
A más de 4.000 metros de altura, la rutina se rompe con una precisión casi coreografiada. En El Alto, la ciudad vecina que respira y se mueve al ritmo del transporte sindicalizado. Este miércoles, ambas urbes quedaron atrapadas en un paro de 24 horas que transformó la movilidad en un campo de disputa. La razón es una gasolina cuestionada por su calidad y una cadena de compensaciones que, según los choferes, nunca llegó a materializarse.
En las esquinas, los conductores hablan de motores dañados, de inyectores colapsados, de pérdidas acumuladas. “Ni un centavo”, repiten algunos, en referencia a los pagos comprometidos por el Gobierno. La dirigencia, presionada por sus propias bases, endurece el discurso y cierra filas, pues ya no hay interlocutores válidos en los niveles técnicos. La exigencia escala hacia arriba, directamente al despacho del presidente Rodrigo Paz.
Mientras tanto, la ciudad busca cómo seguir funcionando. La respuesta está en el aire. Literalmente. El sistema de teleférico, una red de cables que atraviesa montañas y conecta barrios imposibles, se convierte en refugio y salvavidas. Las estaciones se llenan, las filas se alargan, los vagones parten repletos. Es el pulso alternativo de una ciudad que se resiste a detenerse por completo.
Desde el otro lado del conflicto, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intenta contener la narrativa. Su presidente, Yussef Akly, insiste en que los pagos ya comenzaron, que más de mil afectados están registrados y que el dinero empieza a fluir. Pero en las calles, esa versión choca con una percepción distinta: la de una deuda pendiente que se acumula tanto como la frustración.
El conflicto amenaza con expandirse. Desde otros departamentos como Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni, llegan señales de respaldo. La posibilidad de un paro nacional indefinido deja de ser una advertencia retórica y empieza a perfilarse como escenario real. Bolivia, un país donde el transporte público es columna vertebral de la economía cotidiana, enfrenta el riesgo de una parálisis más amplia.
