LA PAZ, 18 feb (El Libre Observador) – La tensión entre el Gobierno y el sector ganadero alcanza un nuevo punto crítico. La decisión de mantener indefinidamente la suspensión de exportaciones de carne de res ha encendido las alarmas en el sector productivo, que advierte sobre pérdidas millonarias y riesgos para el empleo.
Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene su postura férrea: la carne debe abastecer el mercado interno y bajar de precio antes de que se reabran los envíos al exterior.
La medida, anunciada por el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, responde a las persistentes quejas de la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), que exige un freno a las exportaciones para evitar el encarecimiento del producto en el mercado local.
“Si el sector ganadero no garantiza un abastecimiento adecuado y precios justos, la suspensión continuará de forma indefinida”, sentenció Silva.
Sin embargo, la postura gubernamental ha desatado el rechazo del sector agropecuario, que considera la prohibición un golpe directo a la producción y a la estabilidad económica. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), una de las entidades más influyentes del rubro, calificó la decisión como un “manejo irresponsable” de la economía.
“Necesitamos certidumbre y seguridad jurídica para producir más, no restricciones que solo generan caos”, criticó su presidente, Klaus Frerking.
El sector ganadero no oculta su preocupación. Hernán Julio Nogales, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), advirtió que la fijación de precios y las trabas a la exportación no resolverán el problema. “No imponemos precios, nos regimos por la oferta y la demanda. Las restricciones solo ahuyentan la inversión y ponen en riesgo miles de empleos”, señaló.
Según datos del sector, el precio del ganado en pie ha escalado de 12 a 21 bolivianos por kilogramo en el último año, reflejando un mercado en desequilibrio. Sin la opción de exportar, los ganaderos temen una caída en la producción similar a la que ya se ha visto en otros rubros agrícolas como el arroz y el maíz, donde la intervención estatal ha generado más problemas que soluciones.
Pero el Gobierno no retrocede y, en cambio, endurece su discurso. Silva advirtió que cualquier ganadero que no justifique técnicamente el alza de precios será denunciado por agio y especulación.
“Si no presentan un estudio de costos claro, tomaremos acciones legales. Quien nada debe, nada teme”, desafió.
Mientras el sector productivo exige el levantamiento del veto, Contracabol va aún más lejos y plantea que la suspensión de exportaciones se mantenga por al menos 12 años mediante una ley o resolución ministerial. Esta propuesta extrema agrava la incertidumbre y aviva las tensiones en un país donde la carne es un producto clave en la canasta básica.
El Gobierno apuesta a una regulación estricta para contener el alza de precios, mientras que los ganaderos advierten que las restricciones solo empeorarán la crisis. Con la exportación congelada y la producción bajo presión, el pulso entre el Estado y el sector agropecuario amenaza con desatar un nuevo capítulo de turbulencia en la economía boliviana.
