LA PAZ, 25 mar (El Libre Observador) — La crisis del combustible en Bolivia ha cruzado una línea simbólica porque ya no es solo un problema de choferes, mecánicos o usuarios anónimos. Ha alcanzado a quienes gobernaron el país. En los últimos días, los expresidentes Evo Morales, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga han denunciado fallas en sus propios vehículos, atribuidas a la mala calidad de la gasolina, en una secuencia que ha elevado el tono político de un conflicto que ya sacude calles y mercados.
La cronología es reveladora. El primero en hablar fue Morales, el 8 de marzo, desde su habitual espacio radial.
Con un tono que mezclaba ironía y reclamo, relató que su vehículo, el mismo con el que distribuye alimentos en sus actividades, sufrió daños que le obligaron a reparaciones sucesivas. “A ver cuándo me lo paga el Gobierno”, dijo, exhibiendo recibos que, según detalló, suman cerca de 10.000 bolivianos (unos 1.437 dólares). Incluso afirmó haber vendido tambaquíes para cubrir los costos, en una escena que combina lo doméstico con lo político.
Tres días después, el 11 de marzo, Mesa se sumó al diagnóstico, aunque con otro registro. En redes sociales, describió el problema en términos más técnicos, pues su vagoneta necesitó una limpieza de motor, con desmontaje incluido, tiempo y gasto.
“Como miles de ciudadanos, he sufrido el daño producido por la gasolina”, escribió, en un intento por inscribir su experiencia personal dentro de una afectación más amplia. Su exigencia fue directa: garantizar un suministro de combustible de calidad, independientemente del origen del problema.
El último en intervenir fue Quiroga, quien el lunes llevó el reclamo a un terreno más político. Desde una entrevista radial, describió su vehículo, un Honda de finales de los noventa, como “llorando y sin andar”, pero amplió el alcance de su crítica. Vinculó la crisis del combustible con decisiones estructurales del modelo económico y acusó al Gobierno de reproducir prácticas del pasado sin resolver los problemas de fondo.
Las denuncias de los tres exmandatarios no son un hecho aislado. Se inscriben en un conflicto que comenzó a gestarse en febrero, cuando transportistas de distintas ciudades empezaron a reportar daños en sus motores que atribuían a gasolina defectuosa. Desde entonces, el malestar ha crecido, alimentado por la percepción de que las compensaciones prometidas por el Gobierno no se concretan.
Este miércoles, esa tensión se tradujo en un paro de 24 horas que paralizó el transporte público en La Paz y El Alto. Minibuses y taxis bloquearon avenidas, miles de personas buscaron alternativas en el teleférico y la ciudad se movió a otro ritmo, más lento, más incierto. El conflicto dejó de ser técnico para convertirse en un pulso social.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido insistir en que los pagos comenzarán a ejecutarse y que alcanzarán tanto a transportistas como a propietarios de vehículos particulares. Pero la distancia entre el anuncio y la experiencia cotidiana, de choferes y ahora también de figuras políticas, mantiene viva la desconfianza.
