LA PAZ, 2 abr (El Libre Observador) — La decisión de la alianza Nueva Generación Patriótica (NGP) de retirarse de la segunda vuelta en la elección a la Gobernación de La Paz, y la posterior proclamación de Luis Revilla como ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha desatado una ola de críticas políticas y sociales que amenaza con escalar hacia una nueva crisis de legitimidad institucional en Bolivia.
El episodio, que altera el curso previsto del balotaje, ha sido calificado por diversas figuras del espectro político como un “precedente peligroso”, “abuso político” y una “afrenta a la democracia”, al considerar que la decisión administrativa sustituye la voluntad expresada en las urnas.
El vicepresidente Edmand Lara reaccionó con dureza. “Esto ya no es una discusión legal. Se ha convertido en un abuso político descarado”, afirmó, al cuestionar la declinatoria de NGP como una maniobra que desconoce el mandato popular.
Según Lara, la candidatura de René Yahuasi había sido habilitada legítimamente para disputar la segunda vuelta, por lo que su exclusión vulnera el derecho ciudadano al voto.
La controversia se originó tras los resultados electorales que obligaban a una segunda vuelta entre Revilla, quien obtuvo el 20,02% de los votos, y Yahuasi, que alcanzó el 9,18%. Sin embargo, la dirigencia de NGP presentó ante el TSE su renuncia a participar en el balotaje, alegando falta de consenso interno y distanciamiento con su propio candidato.
El órgano electoral aceptó la declinación y resolvió proclamar directamente a Revilla como gobernador electo, una determinación que ha sido cuestionada tanto por actores oficialistas como opositores. Yahuasi, por su parte, denunció que la decisión fue asumida de manera unilateral por su partido y anunció acciones para revertirla.
Desde el ámbito político, el expresidente Jorge Quiroga calificó el hecho como una “maniobra” que erosiona la democracia y exhortó al presidente Rodrigo Paz a fijar una posición clara.
“El que guarda silencio la avala”, advirtió, en un mensaje que apunta a la responsabilidad del Ejecutivo frente a la controversia.
En la misma línea, el exmandatario Evo Morales llamó a la movilización ciudadana para exigir la realización de la segunda vuelta, al considerar que la decisión del TSE constituye una “maniobra escandalosa” que vulnera derechos políticos fundamentales. Morales sostuvo que la medida busca evitar un eventual revés electoral en las urnas.
El malestar también se ha trasladado a sectores sociales. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari se declaró en estado de alerta y movilización permanente, al denunciar que la interrupción del proceso electoral representa una alteración del mandato popular y una vulneración de la soberanía del voto.
Consideran que el presidente del TSE, Gustavo Ávila, es un peón del presidente Rodrigo Paz, quien lo ratificó en el órgano electoral para que obedezca a sus intereses políticos como fue el caso de Revilla, candidato oficialista.
En el trasfondo, el episodio reabre el debate sobre la independencia del órgano electoral y los límites de las decisiones partidarias en procesos democráticos. La Constitución boliviana establece que la soberanía reside en el pueblo, un principio que ahora es invocado por distintos actores que cuestionan la legalidad y legitimidad de la proclamación.
A medida que crecen las presiones políticas y sociales, Bolivia enfrenta un escenario de tensión institucional, en el que la resolución del conflicto podría definir no solo el futuro inmediato de la Gobernación de La Paz, sino también la credibilidad del sistema electoral en su conjunto.
