LA PAZ, 21 abr (El Libre Observador) — En un país acostumbrado a vivir al ritmo de la incertidumbre política, el Gobierno boliviano salió al paso este lunes para apagar cualquier conato de crisis electoral. En medio de recursos judiciales que cuestionan la paridad de género y la inclusión indígena en las candidaturas presidenciales, el Ejecutivo fue categórico: las elecciones generales del 17 de agosto no corren riesgo.
El ministro de Justicia, César Siles, una de las voces técnicas del gabinete de Luis Arce, confirmó que al menos tres recursos en análisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tienen la fuerza jurídica para alterar el curso del proceso electoral ya en marcha.
“No hay posibilidad legal ni constitucional de frenar estas elecciones”, dijo con énfasis ante los medios.
Las acciones en cuestión —una presentada por el diputado oficialista Israel Huaytari, otra por el opositor Miguel Roca y una tercera sorprendentemente interpuesta por el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE)— giran en torno a dos reclamos estructurales: la exigencia de binomios presidenciales paritarios entre hombres y mujeres, y la habilitación directa de organizaciones indígenas para participar en elecciones nacionales.
Pero el ministro fue claro: incluso si el TCP fallara a favor de estas demandas, sus efectos no tocarían el proceso electoral en curso. “Regirán para lo venidero”, sentenció. Y lo explicó con detalle: los plazos de admisión, remisión al Legislativo y análisis de fondo por parte del tribunal superan el calendario de los comicios, fijados desde el 3 de abril.
La acción de Huaytari apunta a ampliar el alcance del artículo 28 de la Ley de Organizaciones Políticas, que hoy garantiza equidad solo en candidaturas legislativas.
Su propuesta ya fue abordada en un proyecto de ley aprobado en Diputados, pero congelado en el Senado, donde domina el ala radical del Movimiento al Socialismo. Por tanto, el TCP —dijo Siles— apenas podría “exhortar” a que se modifique la norma, sin efecto inmediato alguno.
Por su parte, el recurso del diputado Roca cuestiona el inciso C del artículo 5 de la Ley 1096, que limita la participación de organizaciones indígenas a elecciones subnacionales.
Según el ministro, ese principio está jurídicamente “zanjado” por la legislación vigente. Aun así, reconoció que su revisión es legítima, pero su eventual anulación solo regiría para 2030.
En el fondo, lo que está en juego no es solo el calendario electoral, sino la disputa por el modelo político que se construye tras el ocaso del liderazgo de Evo Morales.
El reclamo indígena —impulsado también por actores como la CIDOB o la Nación Qhara Qhara— pone sobre la mesa la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios, mientras que la demanda por paridad revela las tensiones internas en torno a la inclusión de género.
Aun así, el Gobierno quiere mostrar una imagen de estabilidad. Con la maquinaria electoral ya en marcha, y los tiempos jurídicos jugando a su favor, el Ejecutivo busca blindar la ruta al 17 de agosto. Como señaló Siles, el principio de preclusión —según el cual no se pueden revertir fases ya cumplidas del proceso— es hoy su mejor argumento.
Mientras el Tribunal Constitucional administra una creciente carga procesal y las tensiones sociales se manifiestan en demandas judiciales, el país se encamina a unas elecciones marcadas por la presión de nuevos actores, pero también por una institucionalidad que, al menos por ahora, resiste.
