LA PAZ, 17 dic (El Libre Observador) — El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales Ayma, denunció este martes que es víctima de una “brutal guerra jurídica” (lawfare) que, según sus palabras, busca impedir su candidatura en las elecciones nacionales del próximo año y entregarlo como un “trofeo de guerra” a Estados Unidos (EEUU).
“Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, manifestó desde sus redes sociales.
El pronunciamiento del líder cocalero se dio luego de que la Fiscalía anunciara el lunes una imputación formal en su contra por los delitos de trata de personas y estupro agravado. Además, se emitió una orden de detención tras no haberse presentado a declarar en el marco de esta investigación.
Morales comparó su situación con la de otros líderes izquierdistas de América Latina y denunció que los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso están siendo vulnerados.
“Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, aseveró.
El expresidente afirmó que su “único delito” fue haber logrado una economía justa para Bolivia, un país más inclusivo y libre de la intromisión estadounidense.
“El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano; haber expulsado al embajador de EEUU y sus agencias saqueadoras y represoras”, afirmó.
Morales también denunció un “constante bombardeo” de difamaciones en su contra y señaló que el Gobierno de Arce busca eliminarlo políticamente y físicamente.
“El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no sólo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”, denunció Morales.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva del expresidente por seis meses como parte de la investigación. Mariaca precisó que el cumplimiento del mandamiento de aprehensión corresponde a la Policía. “Es trabajo de la institución policial ejecutar la orden de captura; ellos deberán explicar en qué momento lo harán o por qué no se ha cumplido”, declaró.
