LA PAZ, 8 may (El Libre Observador) — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó este viernes un llamado a la reconciliación nacional en medio de una creciente ola de protestas, bloqueos y demandas sociales que empiezan a cercar políticamente a su Gobierno y a tensionar el abastecimiento de combustible y alimentos en el país andino.
Durante un acto en la Universidad Pública de El Alto, donde recibió el título de Doctor Honoris Causa, Paz advirtió que existen sectores interesados en “que Bolivia se destruya” para beneficiarse del caos político y social. “Hay algunos que quieren que Bolivia se destruya porque en el caos y la destrucción ellos reinan”, afirmó el mandatario ante estudiantes y autoridades académicas.
El discurso presidencial llega en uno de los momentos más delicados de su administración. En las últimas semanas, Bolivia enfrenta conflictos derivados de la escasez y cuestionamientos a la calidad de los combustibles, además de protestas campesinas y laborales que exigen desde mejoras económicas hasta la renuncia del propio jefe de Estado.
Sin mencionar directamente a sectores opositores o movimientos específicos, Paz insistió en la necesidad de superar las divisiones ideológicas y reconstruir consensos en torno al desarrollo económico.
“No vengo a hablar de izquierda o derecha, les vengo a hablar de producción y de desarrollo”, sostuvo, en un intento por posicionarse como un líder de conciliación frente a un escenario cada vez más polarizado.
Las tensiones son especialmente visibles en el departamento de La Paz, donde organizaciones campesinas, transportistas y sectores sindicales mantienen bloqueos en rutas estratégicas que conectan a la sede de gobierno con el resto del país. En algunas regiones, como Caranavi, las protestas han escalado pese a que el Ejecutivo aseguró haber alcanzado acuerdos con transportistas de los Yungas y haber enviado cisternas con combustible y maquinaria pesada para aliviar la crisis.
Las medidas de presión comienzan a impactar el suministro de carburantes y mercancías, mientras largas filas de vehículos vuelven a aparecer en estaciones de servicio y crece la preocupación por un eventual desabastecimiento en mercados urbanos.
En paralelo, la Central Obrera Boliviana intensificó sus movilizaciones en el marco de un paro indefinido definido durante un cabildo nacional. La principal organización sindical del país convocó a una nueva marcha en la ciudad de La Paz y advirtió que las protestas continuarán hasta que el Gobierno atienda sus demandas económicas y laborales.
A la presión sindical se suman los bloqueos impulsados por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, cuyos puntos de cierre de carreteras afectan las principales vías de acceso hacia la capital administrativa boliviana. Los campesinos respaldan las demandas salariales y económicas planteadas por la COB, mientras el conflicto adquiere un carácter más amplio y político.
El mapa de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportaba este viernes al menos 15 puntos de bloqueo en La Paz y otros cinco en el departamento amazónico de Beni, reflejando la magnitud de una crisis social que se expande hacia distintas regiones del país.
Además, el sector del magisterio anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes y advirtió que podría radicalizar las medidas si no obtiene respuestas a sus demandas, agregando un nuevo foco de presión sobre el Gobierno.
En medio de este escenario, Paz convocó para el sábado a un diálogo nacional con unos 600 actores sociales, políticos y económicos, con el objetivo de consensuar reformas y contener el deterioro del clima social. El desafío para el mandatario será lograr acuerdos en un país donde las protestas históricamente han sido capaces de redefinir gobiernos y alterar el rumbo político nacional.
Mientras las movilizaciones avanzan y el descontento se profundiza, Bolivia vuelve a enfrentar el riesgo de que una crisis sectorial derive en un conflicto político de mayores dimensiones, poniendo a prueba la capacidad de negociación de un Gobierno que intenta evitar que el país entre en una espiral de confrontación e incertidumbre.
