LA PAZ, 18 may (El Libre Observador) — Las carreteras cortadas y marchas de protesta vuelven a dibujar el mapa de la crisis boliviana. Desde los accesos altiplánicos de La Paz hasta las rutas que conectan con el resto del país agrícola, piedras, troncos, tierra removida y filas interminables de camiones detenidos muestran un país atrapado en una nueva espiral de conflicto.
En el centro de la tormenta está La Paz, la sede del poder político boliviano, donde miles de campesinos, sindicatos obreros y grupos afines al expresidente Evo Morales convergen con una demanda que ya no es sectorial ni económica sino la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Bolivia ingresó esta semana en su tercer ciclo consecutivo de protestas y bloqueos, una situación que amenaza con profundizar la fragilidad económica y política de un país históricamente marcado por la conflictividad callejera y la presión sindical.
Lo que comenzó como reclamos dispersos por combustibles, inflación y escasez de dólares derivó rápidamente en una movilización de carácter político que recuerda las grandes crisis sociales que derribaron gobiernos en las últimas décadas.
En las primeras horas de la mañana, columnas de campesinos descendían desde la ciudad de El Alto hacia La Paz por la autopista que une ambas ciudades, una ruta simbólica en la historia política boliviana.
Otros grupos avanzaban por la avenida Naciones Unidas portando banderas indígenas, whipalas y pancartas contra el Gobierno. Desde hace días, la imagen se repite: marchas interminables, petardos, fogatas improvisadas y comerciantes cerrando sus negocios antes de que los manifestantes lleguen al centro paceño.
La Paz vuelve a experimentar el peso de un viejo mecanismo de presión política boliviana: el cerco. El bloqueo de carreteras y el aislamiento progresivo de las ciudades han sido históricamente herramientas decisivas de movimientos campesinos e indígenas para doblegar gobiernos, desde las revueltas que precipitaron la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 hasta la crisis política de 2019 que terminó con la salida de Evo Morales del poder.
Esta vez, sin embargo, el escenario es más complejo. Rodrigo Paz llegó a la presidencia hace apenas seis meses con la promesa de estabilizar una economía golpeada por la escasez de divisas, el deterioro de las reservas internacionales y una creciente dependencia de importaciones de combustibles. Pero las dificultades económicas, sumadas a las fracturas internas del oficialismo y la presión social, han debilitado rápidamente a su administración.
El Gobierno denuncia que detrás de las movilizaciones existe un intento de “desestabilización” impulsado por sectores radicales ligados a Morales y por dirigentes sindicales que buscan recuperar protagonismo político. Entre ellos destaca Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana, quien selló una alianza con organizaciones campesinas y mineras movilizadas.
Durante el fin de semana, policías y militares intentaron romper los bloqueos en las rutas que rodean La Paz y El Alto. El Ejecutivo llamó a la operación “corredor humanitario”, argumentando que buscaba garantizar el ingreso de alimentos y combustible a las ciudades. Pero las escenas posteriores reflejaron el límite del operativo: enfrentamientos esporádicos, repliegue policial y bloqueos reinstalados apenas horas después.
Mientras tanto, la economía comienza a resentirse con fuerza. Transportistas reportan pérdidas millonarias, el turismo enfrenta cancelaciones y las filas para conseguir gasolina o diésel vuelven a crecer en distintas ciudades. La Cámara Boliviana de Turismo alertó que la inestabilidad deteriora la imagen internacional del país y agrava el freno económico que Bolivia arrastra desde hace meses.
La Administradora Boliviana de Carreteras reportó este lunes 26 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos. Aunque el Gobierno logró acuerdos parciales con maestros y gremiales de El Alto, el núcleo duro de las protestas permanece intacto.
En la Plaza Murillo, el corazón político de Bolivia, soldados y policías custodian cada acceso con escudos, vehículos antimotines y vallas metálicas. El temor oficial es que las marchas intenten cercar nuevamente el centro del poder.
En Bolivia, donde las crisis políticas suelen resolverse tanto en las urnas como en las calles, el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por demandas sociales. Lo que se juega ahora es la capacidad del Gobierno de resistir la presión de una movilización que crece sobre el descontento económico y la memoria histórica de un país acostumbrado a que las protestas cambien el rumbo del poder.
