LA PAZ, 11 jul (El Libre Observador) — Bolivia, un país que celebraba haber erradicado el sarampión hace más de veinte años, enfrenta hoy un rebrote que ya supera el centenar de casos, con el 83% de ellos concentrados en el departamento oriental de Santa Cruz. Lejos de tratarse de un episodio aislado, la reaparición de esta enfermedad infecciosa altamente contagiosa pone de manifiesto los desafíos de un sistema de salud frágil, golpeado por la pandemia, la crisis económica y una preocupante caída en las tasas de vacunación infantil.
El Ministerio de Salud confirmó 105 casos activos hasta el 11 de julio, la mayoría en zonas periurbanas y rurales, donde los servicios de atención primaria son escasos y las campañas de vacunación enfrentan resistencias culturales, desinformación o, simplemente, abandono estatal. La situación obligó al gobierno del presidente Luis Arce a declarar emergencia sanitaria nacional y a movilizar brigadas de vacunación en coordinación con los gobiernos subnacionales.
Los casos de sarampión en el país escalaron a 105, según informó este viernes María Renée Castro, ministra de Salud. No obstante, también indicó que la mayoría de las personas contagiadas se recuperaron y el resto cuenta con seguimiento médico.
Castro, en un mensaje en sus redes sociales, mencionó que, de los 105 casos, 87 corresponden a Santa Cruz; nueve, a La Paz; cuatro, Potosí; tres, a Beni; uno, a Chuquisaca y uno también, a Oruro.
“Destacamos la responsabilidad de madres y padres de familia que, con compromiso, están llevando a sus hijos e hijas a completar el esquema de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles”, escribió la autoridad del sector.
Culpó a los padres por no vacunar a sus hijos y aludió a la responsabilidad colectiva frente a una enfermedad que fue erradicada en el año 2000. “El acto de vacunar es un acto de amor. Hoy debemos abrazar a nuestros hijos con vacunas, no con enfermedades prevenibles”, señaló. Su discurso, aunque enfático, también revela una tensión de fondo: el debilitamiento del vínculo entre ciudadanía y Estado en temas de salud pública.
Entre el virus y la política
El brote estalla en medio de una coyuntura políticamente tensa y socialmente frágil. Bolivia encara un año preelectoral, con un oficialismo dividido, tensiones entre el Gobierno central y regiones autónomas como Santa Cruz, y una economía que, aunque ha evitado la recesión, sufre las consecuencias del estancamiento en sectores estratégicos como el gas, la minería y el litio. En este contexto, la salud pública ha sido víctima de recortes silenciosos, burocratización y fragmentación institucional.
Durante la pandemia de COVID-19, Bolivia enfrentó uno de los sistemas de vacunación más lentos y desiguales de Sudamérica, en parte por la escasez de recursos, pero también por la descoordinación entre niveles de gobierno y la desconfianza ciudadana. Ese precedente dejó secuelas: miles de niños quedaron fuera de los esquemas de inmunización rutinaria, incluidos los del sarampión, difteria y poliomielitis.
El resurgimiento del sarampión es entonces más que un problema sanitario: es un síntoma de la desinversión estructural en salud pública. A pesar de los anuncios oficiales, el gasto público en salud apenas roza el 6% del PIB, una cifra por debajo del promedio regional recomendado por la OMS. A esto se suma la precarización del personal médico y la dependencia de campañas de vacunación “de choque” que sustituyen, pero no reemplazan, la cobertura continua.
Alerta regional y cooperación en entredicho
Bolivia no es el único país de la región que ve volver al sarampión. En 2024, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó de un repunte de casos en Venezuela, Brasil y Perú, todos ellos vinculados a déficits de vacunación infantil.
La reemergencia del virus en países andinos, con sistemas de vigilancia epidemiológica limitados y movilidad transfronteriza intensa, plantea un riesgo de propagación regional que requiere cooperación más allá de las fronteras.
No obstante, en un continente marcado por la fragmentación política y la desconfianza institucional, esa cooperación está lejos de ser automática. El Gobierno boliviano ha pedido el respaldo técnico de la OPS y UNICEF, pero la coordinación efectiva enfrenta obstáculos administrativos y logísticos.
Mientras tanto, las brigadas de salud continúan vacunando a contrarreloj a niños de entre 1 y 9 años, en barrios donde la información llega tarde o no llega.
El sarampión es, para muchos bolivianos, una enfermedad que había quedado en los libros escolares. Su reaparición no solo genera sorpresa, sino que obliga a replantear la relación entre Estado y ciudadanía en temas tan sensibles como la salud infantil y la protección comunitaria. Como sucedió con el COVID-19, las epidemias no solo son desafíos médicos: son espejos que devuelven la imagen de las sociedades que las padecen.
Si Bolivia quiere evitar una expansión nacional del brote, deberá actuar con rapidez y profundidad. Pero, sobre todo, deberá recuperar el terreno perdido en confianza pública, prevención y atención primaria. El sarampión no espera. Y la historia ya ha demostrado que cuando el Estado no llega, lo hace el virus.
