LA PAZ, 18 may (El Libre Observador) — Bolivia dio este lunes un nuevo paso hacia la confrontación abierta entre el Gobierno y el movimiento sindical del país. Mientras gases lacrimógenos cubrían el centro de La Paz y manifestantes intentaban avanzar hacia la Plaza Murillo, la Fiscalía anunció este lunes órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), y otros 24 dirigentes vinculados a las protestas que desde hace tres semanas mantienen bloqueadas carreteras estratégicas y paralizan parte importante del país.
La decisión, confirmada por el fiscal general Roger Mariaca desde la ciudad de Sucre, marca uno de los movimientos más duros del Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz desde el inicio de la crisis social que amenaza con erosionar rápidamente a un Gobierno que apenas lleva seis meses en el poder.
Las órdenes fueron emitidas en medio de una jornada de violencia en La Paz, donde miles de mineros, campesinos, maestros rurales, fabriles y sectores afines al expresidente Evo Morales chocaron con la Policía tras intentar romper los anillos de seguridad instalados alrededor de la Plaza Murillo, el corazón político boliviano.
Las imágenes recordaban los momentos más turbulentos de la historia reciente del país con policías disparando gases lacrimógenos en calles estrechas del centro paceño, manifestantes respondiendo con piedras y dinamita, oficinas públicas evacuadas y funcionarios abandonando apresuradamente edificios estatales mientras el humo cubría la plaza donde se concentran los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La figura de Mario Argollo se ha convertido en uno de los principales símbolos de la actual ola de protestas. El dirigente sindical, históricamente identificado con las luchas obreras bolivianas, articuló una alianza entre sindicatos, organizaciones campesinas y sectores cercanos a Morales, reconfigurando un bloque de presión social que el Gobierno considera desestabilizador.
En las últimas horas, autoridades acusaron directamente a Argollo y a otros dirigentes de promover actos violentos y alentar el uso de dinamita, palos e incluso armas durante las movilizaciones. El Gobierno sostiene que las protestas dejaron de responder a demandas sectoriales y evolucionaron hacia una ofensiva política destinada a forzar la caída del presidente.
Pero la decisión de emitir órdenes de captura contra la cúpula de la COB también revela la profundidad de la crisis. En Bolivia, la central sindical no es solo una organización obrera, pues durante décadas fue uno de los actores políticos más influyentes del país y protagonista de levantamientos que precipitaron la caída de varios gobiernos.
La confrontación revive una vieja tensión en la política boliviana como es el choque entre el poder estatal y los movimientos sociales capaces de paralizar el país mediante marchas y bloqueos. Desde las revueltas mineras del siglo XX hasta las protestas indígenas y campesinas de las últimas décadas, las calles bolivianas han sido históricamente un escenario decisivo para definir el rumbo del poder.
Argollo, sin embargo, no apareció este lunes liderando las movilizaciones. Su ausencia alimentó rumores sobre una posible clandestinidad, aunque durante el fin de semana reapareció brevemente en videos difundidos en redes sociales.
Mientras tanto, la crisis sigue expandiéndose más allá de La Paz. Las carreteras bloqueadas afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles, el transporte pesado permanece varado en rutas estratégicas y sectores empresariales alertan sobre pérdidas económicas crecientes.
En la Plaza Murillo, protegida ahora por fuertes anillos policiales y militares, el Gobierno intenta mostrar control. Pero la orden de arrestar a los principales dirigentes sindicales del país también evidencia que Bolivia ha entrado en una fase más delicada de un conflicto donde la disputa ya no se limita a las calles: se libra ahora entre la presión social y la capacidad del Estado para contenerla sin profundizar aún más la fractura política.
