LA PAZ, 27 may (El Libre Observador) — En Bolivia, las carreteras se han convertido en trincheras improvisadas. Camiones inmovilizados, filas interminables por combustible, mercados semivacíos y ciudades atrapadas entre el miedo y la incertidumbre reflejan el desgaste de una crisis que ya supera las tres semanas. Y ahora, en medio de ese clima de asfixia política y económica, el presidente Rodrigo Paz decidió retirar uno de los principales candados legales que limitaban la capacidad del Gobierno para declarar estados de excepción.
La promulgación de la Ley 1732 por parte de Paz, que abroga la normativa aprobada en 2020 para restringir las declaratorias de emergencia, marca uno de los movimientos más delicados del Ejecutivo desde que comenzaron las protestas que mantienen bloqueadas decenas de rutas en el país andino.
La decisión llega mientras Bolivia atraviesa un escenario de creciente conflictividad social, con sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos indígenas elevando la presión contra el Gobierno y exigiendo abiertamente la dimisión del mandatario.
La nueva ley, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, elimina la Ley 1341 de Estados de Excepción, una normativa creada tras la crisis política de 2019 y concebida entonces como un mecanismo para evitar abusos del poder ejecutivo durante situaciones extraordinarias. Su derogación abre nuevamente la puerta para que el presidente pueda recurrir con mayor facilidad a medidas excepcionales en caso de alteración del orden público.
En teoría, el Gobierno insiste en que no existe una decisión tomada. En la práctica, el mensaje político ya fue enviado.
“El estado de excepción es un instrumento más que contempla la Constitución”, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una comparecencia ante periodistas en La Paz. El funcionario aseguró que cualquier determinación será evaluada “según la oportunidad y la necesidad” y prometió que el Ejecutivo actuará “de manera responsable”.
Pero fuera de los edificios gubernamentales, Bolivia parece moverse en otra dirección.
Las protestas comenzaron con demandas salariales y reclamos sindicales impulsados por organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB). Con el paso de los días, sin embargo, el conflicto adquirió una dimensión política más profunda. Las marchas derivaron en pedidos de renuncia contra Paz y en una creciente confrontación entre el Ejecutivo y sectores sociales históricamente influyentes en la vida política boliviana.
Según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el país registraba hasta inicios de esta semana al menos 70 puntos de bloqueo activos en seis de los nueve departamentos. La mayoría se concentra en La Paz, el corazón político del país, donde las imágenes de ciudadanos cargando bidones de combustible y recorriendo mercados vacíos se han vuelto parte de la rutina cotidiana.
En El Alto, la ciudad obrera y popular que históricamente ha definido el pulso de las crisis bolivianas, las filas para conseguir gasolina pueden extenderse durante horas. En algunos barrios, farmacias y mercados advierten sobre escasez de medicamentos y alimentos básicos. Productores agrícolas, comerciantes y transportistas hablan ya de pérdidas millonarias y de una economía que comienza a resentirse seriamente.
La decisión presidencial también responde a una presión creciente desde sectores empresariales y cívicos. El Comité pro Santa Cruz, junto a agrupaciones productivas del oriente boliviano, demandó públicamente un estado de excepción regionalizado para desbloquear las carreteras y restablecer la circulación de mercancías.
El temor de organismos civiles y opositores es que Bolivia ingrese ahora en una etapa más dura del conflicto. La Constitución permite al presidente declarar estado de excepción en todo o parte del territorio nacional, aunque la medida debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.
Para muchos bolivianos, la derogación de la Ley 1341 no es solo una modificación jurídica. Es una señal de que el país entra en un terreno más incierto, donde el equilibrio entre orden público y libertades democráticas vuelve a convertirse en el centro de la disputa política.
