LA PAZ, 25 may (El Libre Observador) — El cuerpo de Víctor Cruz Quispe, un joven de 24 años, se convirtió el fin de semana en el símbolo más crudo de una crisis que desde hace semanas consume lentamente a Bolivia. Su muerte, ocurrida durante un operativo militar y policial en las carreteras del altiplano paceño, marcó un punto de quiebre en un conflicto que ya había paralizado al país, cercado la sede de gobierno y llevado al límite la tensión social.
Durante días, Bolivia había vivido entre bloqueos, marchas y escasez. Pero la confirmación oficial de la primera muerte civil elevó el conflicto a otro nivel, el de una crisis política que comienza a adquirir el tono oscuro de las grandes convulsiones sociales que han marcado la historia reciente del país andino.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz reconoció este lunes que el fallecimiento ocurrió el sábado en Vilaque Copata, una comunidad del municipio de Calamarca, donde policías y militares intentaban abrir un “corredor humanitario” para permitir el paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz y El Alto.
El operativo, presentado oficialmente como una misión de “banderas blancas”, terminó entre gases lacrimógenos, detonaciones y enfrentamientos con manifestantes que mantienen tomadas varias rutas estratégicas del país.
Horas después de los hechos, las redes sociales comenzaron a llenarse de denuncias sobre una víctima fatal. El Gobierno negó inicialmente la información y habló de rumores. Pero el lunes, tras conocerse el informe forense, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, tuvo que admitir públicamente el fallecimiento.
“Reconocemos que no teníamos la información correcta”, dijo el funcionario, en una declaración que dejó ver el desconcierto que atraviesa al Ejecutivo frente a una crisis que parece expandirse más rápido que su capacidad de controlarla.
Las autoridades aseguran ahora que investigarán lo ocurrido y que existen videos que podrían esclarecer quién disparó y desde dónde. Pero en las calles, el daño político ya está hecho.
La muerte de Cruz Quispe golpeó especialmente a los sectores movilizados, que desde hace casi un mes mantienen protestas contra el Gobierno. Lo que comenzó como reclamos salariales y exigencias sectoriales terminó convirtiéndose en una movilización nacional que exige la renuncia de Paz apenas seis meses después de asumir el poder.
Las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), junto a campesinos, indígenas, mineros y juntas vecinales de El Alto, endurecieron este lunes su discurso y dieron prácticamente por roto cualquier intento de diálogo.
“El pueblo está enojado”, resumió Eduardo Ferrufino, dirigente fabril vinculado a la COB, mientras miles de manifestantes avanzaban por el centro de La Paz rumbo a la plaza Murillo, el corazón político del país.
En las calles de la capital boliviana, el ambiente tiene cada vez más rasgos de una ciudad bajo asedio. Comercios cerrados, filas interminables por combustible, transporte irregular y una creciente escasez de alimentos y medicamentos reflejan el impacto cotidiano de los bloqueos.
Según datos oficiales, existen al menos 54 puntos de corte en carreteras distribuidos en seis departamentos. Solo La Paz concentra 20 bloqueos que mantienen prácticamente aislada a la sede de gobierno.
El fin de semana dejó además otra señal inquietante: el fracaso simultáneo de la fuerza y del diálogo. El operativo policial-militar no logró despejar las rutas y las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo tampoco prosperaron.
La crisis se agravó aún más por la orden de aprehensión emitida contra Mario Argollo, principal dirigente de la COB, acusado de promover los bloqueos. La central sindical denunció persecución política y acusó al Gobierno de intentar criminalizar la protesta social.
Mientras tanto, desde Sucre, Paz intentó sostener un discurso de firmeza y conciliación al mismo tiempo. “A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución”, declaró el mandatario, aunque evitó responder directamente a las exigencias de renuncia que crecen en las calles.
Bolivia conoce bien el poder de los bloqueos y de las movilizaciones populares. En este país de carreteras estrechas y memoria política intensa, las protestas han derribado gobiernos, redefinido liderazgos y cambiado el rumbo del Estado más de una vez.
Ahora, con un muerto confirmado, la economía bajo presión y el diálogo prácticamente roto, muchos bolivianos comienzan a preguntarse si el país está entrando en otro de esos momentos decisivos donde la protesta deja de ser solamente una disputa social y se transforma en una crisis nacional de consecuencias imprevisibles.
