LA PAZ, 15 jun (El Libre Observador) — El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, abrió este lunes un nuevo frente de debate sobre la política antidrogas del país al cuestionar la adhesión boliviana al programa regional Escudo de las Américas y el eventual retorno de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), al considerar que recientes escándalos vinculados al narcotráfico ponen en duda la eficacia de esas estrategias de cooperación internacional.
En un mensaje difundido por los canales oficiales de la Vicepresidencia, Lara sostuvo que los resultados observados hasta ahora contradicen el argumento de que una mayor coordinación regional y la participación de organismos internacionales constituyan una respuesta efectiva frente al avance de las redes criminales.
“El Ministerio de Gobierno nos ha vendido la idea de que la adhesión al programa Escudo de las Américas y el retorno de la DEA a Bolivia serían una solución. Sin embargo, los hechos generan todo lo contrario”, afirmó la autoridad.
Las declaraciones se producen en un momento de creciente sensibilidad sobre la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, tras una serie de investigaciones que han revelado sofisticados mecanismos de exportación de droga hacia mercados internacionales y que han alimentado cuestionamientos sobre la capacidad de control de las instituciones estatales.
Para sustentar sus observaciones, Lara citó el denominado caso Narcomaderas, una investigación que, según explicó, reveló la salida de 108 toneladas de droga distribuidas en 49 cargamentos que habrían logrado atravesar controles de distintas entidades estatales encargadas de la fiscalización aduanera, forestal y antidrogas.
La magnitud del caso, señaló, obliga a replantear la efectividad de las políticas implementadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
“¿La presencia de la DEA realmente contribuyó a combatir estas redes o ha coincidido con algunos de los cargamentos de droga más grandes del país? La ciudadanía exige respuestas”, manifestó.
El Escudo de las Américas es una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos que busca fortalecer la cooperación entre países del continente para enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilícitas transnacionales. Bolivia forma parte de este mecanismo en el marco de acuerdos de coordinación e intercambio de información en materia de seguridad.
Sin embargo, para Lara, los recientes acontecimientos obligan a examinar si los instrumentos de cooperación internacional están generando los resultados esperados o si persisten vulnerabilidades estructurales dentro de las instituciones encargadas de combatir estas actividades.
El vicepresidente también formuló cuestionamientos sobre presuntos vínculos entre personas relacionadas con entidades estatales y empresas mencionadas en investigaciones sobre narcotráfico. Lara afirmó que la gerente de una naviera involucrada en el caso Narcomaderas sería esposa de una autoridad del área de comercio exterior y que otra ejecutiva vinculada al sistema portuario mantendría una relación con un alto funcionario gubernamental. No obstante, durante su declaración no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.
La autoridad añadió que las preocupaciones aumentaron tras un reciente hallazgo de droga que presuntamente intentaba salir del país con destino a Estados Unidos a través de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Según indicó, en esa investigación también aparece una empresa exportadora que ya había sido mencionada en las pesquisas relacionadas con Narcomaderas.
“Corresponde preguntarse con firmeza: ¿Las instituciones bolivianas están defendiendo la seguridad del Estado o están permitiendo la consolidación de una estructura de protección al crimen organizado?”, expresó.
Las declaraciones de Lara evidencian nuevas tensiones dentro del debate nacional sobre seguridad y narcotráfico, un tema que ha cobrado protagonismo en medio de la crisis política y económica que atraviesa Bolivia. Los cuestionamientos del vicepresidente colocan además bajo escrutinio la estrategia gubernamental de cooperación internacional en materia antidrogas, mientras diversos sectores reclaman investigaciones más profundas sobre los recientes casos que han expuesto presuntas fallas en los mecanismos de control estatal.
