LA PAZ, 14 jul (El Libre Observador) — La última llamada llegó desde miles de kilómetros de distancia. Después vinieron el silencio y los mensajes en redes sociales. Una familia recibió la noticia de que un dron había impactado sobre el grupo donde combatía su hijo. Otra escuchó la misma versión de boca de quien dijo ser un comandante militar. Ninguna recibió una confirmación oficial ni ha podido recuperar el cuerpo de su familiar. Lo que comenzó como una promesa de empleo en Rusia terminó convirtiéndose, según denuncian, en un viaje sin retorno hacia la guerra en Ucrania.
El caso ha abierto una investigación que trasciende las fronteras bolivianas y pone el foco sobre un fenómeno que también ha sido denunciado en otros países latinoamericanos como la presunta captación de jóvenes mediante ofertas laborales atractivas que acabarían derivando en su incorporación a las fuerzas que combaten en el conflicto iniciado tras la invasión rusa de Ucrania.
Ante la creciente repercusión de los testimonios, la Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de una investigación por presuntos delitos de trata de personas, estafa agravada y actividades de mercenarismo. Paralelamente, la Policía Boliviana anunció pesquisas de oficio para determinar si detrás de las denuncias existe una estructura organizada de reclutamiento.
«Ya hay una investigación», afirmó a la prensa el fiscal general, Róger Mariaca, al explicar que la Fiscalía especializada en Trata y Tráfico de Personas asumió el caso y pidió a los familiares presentar denuncias formales para fortalecer las diligencias. También indicó que Bolivia espera información de organismos internacionales que permita esclarecer lo ocurrido.
Las historias relatadas por las familias presentan un patrón similar. Jóvenes bolivianos, muchos de ellos impulsados por la necesidad económica, habrían aceptado ofertas que prometían ingresos de hasta 16.000 dólares por participar en un supuesto entrenamiento militar. Según los testimonios, viajaron a Rusia en abril convencidos de que accederían a una oportunidad laboral excepcional.
Sin embargo, al llegar, la realidad habría sido distinta. Los familiares aseguran que fueron trasladados a un búnker, sometidos a un mes de entrenamiento militar y enviados posteriormente al frente de combate. Algunos alcanzaron a enviar videos donde se los veía uniformados y realizando ejercicios de instrucción. Después, la comunicación comenzó a desaparecer.
Las primeras noticias sobre las presuntas muertes no llegaron por canales diplomáticos ni por autoridades militares. Fueron mensajes enviados a través de Facebook o llamadas de personas que aseguraban formar parte de las unidades donde combatían los bolivianos. Una esposa relató que un supuesto comandante le informó que su marido había muerto tras el impacto de un dron. Otra familia conserva como única evidencia los videos enviados durante el entrenamiento.
Mientras las autoridades intentan verificar cada testimonio, emerge una acusación especialmente delicada: los propios familiares sostienen que quienes reclutaban a los jóvenes serían ciudadanos bolivianos. Según esa versión, ofrecían salarios difíciles de rechazar en un contexto de creciente presión económica, facilitaban el viaje y mantenían contacto con los interesados hasta su llegada a territorio ruso.
Si esa hipótesis se confirma, el caso dejaría de ser únicamente una investigación sobre posibles víctimas de trata para convertirse en la exposición de una red transnacional capaz de aprovechar la precariedad económica para alimentar uno de los conflictos armados más devastadores de Europa en las últimas décadas.
Las familias insisten en que decidieron hacer públicas sus historias para evitar que otros jóvenes sigan el mismo camino. Más allá de exigir responsabilidades penales, reclaman ayuda para localizar a quienes permanecen desaparecidos y para repatriar los cuerpos de quienes, aseguran, nunca regresarán.
Las autoridades bolivianas todavía no han confirmado oficialmente el número de ciudadanos que habrían viajado en esas circunstancias ni las muertes denunciadas. Pero el caso ya ha instalado una pregunta inquietante en el país: hasta dónde puede llegar una oferta de empleo cuando la necesidad económica termina convirtiéndose en la puerta de entrada a una guerra ajena.
