LA PAZ, 15 jul (El Libre Observador) — Durante casi dos décadas, crear empresas públicas fue sinónimo de fortalecer el papel del Estado en la economía boliviana. El aparato empresarial creció hasta abarcar desde la producción de alimentos y textiles hasta cemento, transporte, minería e industrialización de recursos naturales. Ahora, por primera vez desde ese ciclo de expansión, el Gobierno planteó este miércoles la posibilidad de hacer el camino inverso: cerrar las empresas que no puedan sostenerse.
La decisión marca uno de los giros más profundos de la política económica desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia. El mensaje ya no gira en torno a cuántas empresas debe administrar el Estado, sino a cuántas realmente justifican su existencia. «Un Estado fuerte no es el que tiene más empresas, sino el que administra mejor el patrimonio público», resumió este miércoles el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al presentar un diagnóstico que cuestiona el desempeño de buena parte del sector empresarial estatal.
El informe parte de una premisa que rompe con la lógica predominante durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS): las empresas públicas no deben mantenerse abiertas únicamente por su condición estatal, sino por su capacidad de generar valor económico o social. Las que no lo hagan, sostiene el Ejecutivo, dejarán de recibir recursos del Tesoro.
«Las necesita, pero estratégicas y que funcionen bien», dijo Lupo al referirse al papel de las empresas estatales. Después lanzó la pregunta que resume el cambio de paradigma: «¿Generan valor para los bolivianos o están consumiendo sus recursos?».
La respuesta del Gobierno será una clasificación que dividirá al universo empresarial estatal en tres grupos. Las compañías consideradas estratégicas permanecerán bajo control público, aunque serán sometidas a procesos de reorganización, controles más estrictos y nuevas reglas de gobernanza. El objetivo es corregir pérdidas recurrentes, ineficiencias administrativas y casos de corrupción que, según el Ejecutivo, han erosionado su desempeño.
Un segundo bloque agrupará a las empresas que todavía pueden recuperarse mediante asociaciones público-privadas. La propuesta busca atraer inversión y conocimiento técnico sin renunciar completamente a la participación estatal, una fórmula que durante años fue observada con desconfianza en Bolivia, donde el Estado amplió progresivamente su presencia en sectores considerados estratégicos.
El tercer grupo será el más sensible política y socialmente: empresas cuya situación financiera es considerada irreversible. Para ellas, el Gobierno propone el cierre definitivo.
«No pueden seguir consumiendo los recursos de los bolivianos. No es plata del Gobierno; es patrimonio de todos los ciudadanos», afirmó Lupo, en una declaración que sintetiza la nueva narrativa oficial sobre el gasto público.
La decisión llega en un contexto especialmente delicado. Bolivia intenta recomponer unas cuentas públicas deterioradas tras años de déficit fiscal, reducción de las reservas internacionales y creciente presión sobre el presupuesto estatal. En ese escenario, las empresas públicas dejaron de ser vistas únicamente como instrumentos de desarrollo para convertirse también en una carga fiscal cuya sostenibilidad comenzó a ser cuestionada incluso dentro del propio Gobierno.
El Ejecutivo sostiene que las pérdidas acumuladas por varias compañías representan dinero que pudo destinarse a hospitales, escuelas o programas sociales. El problema, asegura, no es únicamente financiero. También responde a estructuras de gestión débiles, ausencia de controles y modelos de administración que no lograron adaptarse a las nuevas condiciones económicas.
La reforma no será inmediata. El Consejo Superior de Empresas Públicas instruyó a cada ministerio presentar planes específicos para las compañías bajo su dependencia, definiendo cuáles deben fortalecerse, cuáles buscarán socios privados y cuáles deberán desaparecer. El proceso abrirá una etapa de negociaciones técnicas y, previsiblemente, de resistencia sindical y política.
Más allá del destino de cada empresa, la decisión refleja un cambio de fondo en la visión económica del Gobierno. Durante años, el éxito del modelo boliviano se medía por la expansión del Estado como actor empresarial. Hoy, la nueva administración propone un criterio distinto: medir el éxito por la eficiencia, la rentabilidad y la capacidad de proteger los recursos públicos.
La reforma, sin embargo, no estará exenta de costos. El eventual cierre de empresas puede traducirse en conflictos laborales y alimentar el debate sobre el papel del Estado en una economía que durante dos décadas apostó por la intervención pública como motor del desarrollo.
