LA PAZ, 17 jul (El Libre Observador) — Durante casi dos meses, Bolivia vivió al ritmo de las carreteras bloqueadas. Camiones, buses y vehículos livianos inmovilizados durante kilómetros, estaciones de servicio sin combustible, mercados desabastecidos y ciudades aisladas se convirtieron en la imagen cotidiana de un país atrapado por una crisis que comenzó con demandas económicas y terminó convertida en una de las mayores confrontaciones políticas de los últimos años con el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Ahora, apenas unas semanas después del levantamiento de los bloqueos, el mandatario asegura que aquella experiencia ha redefinido los límites de la protesta en Bolivia.
Su mensaje fue directo y sin espacio para interpretaciones: quien vuelva a bloquear una carretera terminará en prisión.
«La lección de los bloqueos ha sido aprendida por todas las regiones y lo que menos esperamos es un bloqueo. El que se anime a hacer bloqueos ya sabe dónde va a estar: donde el señor Vicente Salazar, en la cárcel, en Chonchocoro. Ahí se tienen que ir», afirmó este viernes durante un programa especial por el aniversario de una emisora local.
La frase marca un cambio de tono en un Gobierno que, durante las primeras semanas de la crisis, defendió una estrategia basada en el diálogo y evitó recurrir de inmediato a medidas excepcionales. Solo cuando los bloqueos comenzaron a comprometer el abastecimiento nacional y la presión económica se volvió insostenible, el Ejecutivo decretó un estado de excepción que permitió desplegar a las Fuerzas Armadas y la Policía para recuperar las principales rutas del país.
Para Paz, la prioridad ahora es impedir que ese escenario vuelva a repetirse.
El presidente reivindicó lo que definió como una política de «paciencia patriótica», pero dejó claro que esa etapa ha quedado atrás. La experiencia de los 53 días de conflicto, sostiene, dejó una enseñanza institucional: el derecho a la protesta no puede ejercerse a costa de paralizar un país entero.
«Tú puedes protestar, pero no le puedes hacer daño a tu prójimo. Ser boliviano no puede significar hacerle daño a un prójimo; eso es todo lo contrario a ser un buen boliviano», afirmó.
Las palabras del mandatario llegan mientras la respuesta judicial avanza en paralelo.
La Fiscalía informó que investiga a 335 personas por su presunta participación en los bloqueos y las movilizaciones desarrolladas entre mayo y junio. Hasta ahora existen 114 procesos penales abiertos y 26 personas permanecen en detención preventiva, entre ellas Vicente Salazar, dirigente campesino recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y convertido por el presidente en símbolo de las consecuencias que, según el Gobierno, enfrentarán quienes intenten reeditar las protestas.
El conflicto comenzó el 1 de mayo, impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas de la Federación Túpac Katari, que exigían respuestas al desabastecimiento de combustibles, el aumento del costo de vida y el deterioro económico. Sin embargo, las reivindicaciones sociales pronto dieron paso a una ofensiva política que incluyó pedidos de renuncia del presidente y el respaldo de sectores cercanos al expresidente Evo Morales.
Las consecuencias fueron profundas. Durante semanas, la circulación de combustibles, alimentos y mercancías quedó interrumpida, las exportaciones sufrieron retrasos y numerosos sectores productivos denunciaron pérdidas millonarias. En un país sin salida al mar, cuya economía depende casi por completo del transporte terrestre para abastecer su mercado interno y conectar sus exportaciones con los puertos vecinos, el cierre de las carreteras expuso hasta qué punto la estabilidad económica depende de mantener abiertas sus rutas.
«Los bloqueadores tienen que ir a dar la cara por esas muertes», sostuvo.
Su advertencia no solo pretende disuadir futuras protestas. También busca fijar un nuevo marco político después de la mayor crisis que ha enfrentado su Gobierno desde que asumió el poder.
