LA PAZ, 17 jul (El Libre Observador) — Un grupo de deportistas bolivianos beneficiarios del programa estatal Sueño Bicentenario fue dispersado este viernes con agentes químicos por la Policía cuando realizaba una protesta pacífica en las inmediaciones de la Plaza Murillo, en La Paz, para exigir el pago de tres meses de becas adeudadas y una reunión con el presidente Rodrigo Paz Pereira.
Los atletas denunciaron que el Estado mantiene una deuda de 3,4 millones de bolivianos (unos 316.279 dólares) correspondiente a los incentivos económicos comprometidos para un centenar de deportistas de alto rendimiento, recursos que, aseguran, son fundamentales para financiar su preparación y participación en competencias internacionales.
La movilización comenzó con una conferencia de prensa y la exhibición de pancartas frente a la sede del Gobierno. Según los deportistas, la protesta transcurría sin incidentes hasta que efectivos policiales intervinieron para desalojarlos mediante empujones y el uso de gas lacrimógeno.
«Hemos acudido a todas las instancias para pedir el cumplimiento del pago, pero no fuimos escuchados y por ello vinimos aquí solo con pancartas y nada más», declaró la fondista boliviana Jhoselyn Camargo.
La atleta explicó que los beneficiarios del programa habían agotado previamente las gestiones ante el Viceministerio de Deportes y el Ministerio de Salud y Deportes sin obtener una respuesta sobre los desembolsos pendientes. Agregó que el pasado 1 de julio solicitaron formalmente una audiencia con el presidente Paz, pero la petición tampoco fue atendida.
«No bloqueamos ningún lugar, no usamos la fuerza ni faltamos el respeto a nadie. Solo queríamos que nos den una fecha de reunión con el presidente», afirmó.
Camargo denunció que durante la intervención policial se utilizaron agentes químicos pese a que entre los manifestantes había menores de edad y una deportista recientemente operada de la rodilla.
«Empezaron a lanzar gas y le llegó mayormente a una compañera que había sido operada. Nosotros solo estábamos haciendo una petición», sostuvo.
Entre los deportistas que encabezaron la protesta figuraban la maratonista Jhoselyn Camargo, la raquetbolista Angélica Barrios, la gimnasta Mariana Espejo y el esquiador de fondo Paolo Vargas, quienes representaban a los cerca de cien beneficiarios del programa de apoyo estatal.
Tras la intervención, los atletas acudieron a la Defensoría del Pueblo para presentar una denuncia por el operativo policial y anunciaron que mantendrán sus movilizaciones hasta obtener una respuesta del Gobierno.
«No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir buscando reunirnos con el presidente porque ya agotamos todas las instancias. Son 100 deportistas afectados y lo único que pedimos es una solución», manifestó Camargo.
La actuación policial generó también una reacción institucional. En un comunicado, la Vicepresidencia del Estado expresó su rechazo a la intervención y sostuvo que «quienes representan a Bolivia en competencias nacionales e internacionales no pueden recibir como respuesta la fuerza cuando ejercen pacíficamente su derecho a ser escuchados».
La institución afirmó que los deportistas «merecen respeto, reconocimiento y atención oportuna por parte del Estado» y exhortó al presidente Rodrigo Paz y a las autoridades competentes a instalar «de manera inmediata» una mesa de diálogo para atender sus demandas y ofrecer soluciones concretas.
Asimismo, pidió esclarecer los hechos con transparencia y establecer responsabilidades si se confirma un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía.
La protesta evidenció un inusual episodio de tensión entre el Gobierno y algunos de los principales representantes del deporte boliviano, quienes sostienen que el retraso en el pago de las becas compromete su preparación para futuras competiciones internacionales y pone en riesgo la continuidad de sus carreras deportivas.
