LA PAZ, 27 jul (El libre Observador) — Las alianzas políticas suelen romperse en silencio. En Bolivia, la fractura llegó con un mensaje público y una frase que resume el nuevo escenario: «Seguimos caminos separados». Con esas palabras, Samuel Doria Medina oficializó este lunes la salida de Unidad Nacional (UN) de la coalición que llevó a Rodrigo Paz al Gobierno y abrió una nueva etapa para un presidente que, apenas ocho meses después de asumir el poder, enfrenta su mayor desafío político: gobernar sin una mayoría estable en el Parlamento.
La ruptura no solo simboliza el desgaste de una alianza construida para desalojar del poder al Movimiento al Socialismo (MAS). También evidencia las dificultades de un Gobierno que, desde sus primeros meses, ha debido administrar una profunda crisis económica, la escasez de divisas y combustibles, una inflación en ascenso y la presión de sectores sociales, mientras intentaba sostener una coalición integrada por fuerzas con proyectos e identidades distintas.
Doria Medina justificó el quiebre por «razones principalmente éticas». Aunque reconoció compartir buena parte de la orientación ideológica del Ejecutivo, afirmó que las diferencias sobre la forma de ejercer el poder terminaron siendo irreconciliables. La corrupción, dijo, continúa siendo un problema estructural frente al cual el Gobierno no ha actuado con la firmeza esperada.
Pero el verdadero alcance del anuncio trasciende el plano discursivo. La decisión transforma el equilibrio político dentro de la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo dependía del respaldo de Unidad Nacional para alcanzar una mayoría funcional. Desde este lunes, el Ejecutivo pierde a su principal socio parlamentario y deberá negociar cada proyecto con una oposición fragmentada, pero ahora con mayor capacidad para bloquear, modificar o retrasar las iniciativas del Gobierno.
La nueva correlación de fuerzas llega en el momento menos oportuno para Rodrigo Paz. En las próximas semanas, el Legislativo debe discutir un paquete de leyes que el Ejecutivo considera indispensable para recuperar la confianza de los inversionistas y reactivar una economía que aún arrastra las secuelas de la crisis cambiaria y financiera. Entre ellas figuran reformas para los sectores de hidrocarburos y minería, incentivos a la inversión privada y cambios institucionales destinados a modernizar el aparato productivo.
Sin una mayoría asegurada, cada votación se convertirá en una negociación política. La gobernabilidad dejará de depender únicamente del Ejecutivo para trasladarse al Parlamento, donde la capacidad de construir consensos será tan importante como el contenido de las propias reformas.
Paradójicamente, Doria Medina evitó adoptar un discurso de confrontación. Anunció que Unidad Nacional ejercerá una «oposición constructiva», una fórmula que busca diferenciarse de las estrategias de bloqueo que caracterizaron otros momentos de la política boliviana. El empresario aseguró que respaldará las iniciativas que impulsen un cambio del modelo económico y rechazó cualquier intento de desestabilizar al presidente.
Sin embargo, esa promesa de colaboración tiene límites políticos evidentes. El apoyo de UN ya no será automático. Cada ley deberá superar el filtro de un partido que, desde ahora, recupera autonomía para condicionar, negociar o rechazar las propuestas oficiales según su contenido. El Gobierno pierde así la comodidad de una coalición y entra en la lógica de las mayorías variables, una fórmula habitual en sistemas parlamentarios, pero poco frecuente en la política boliviana reciente.
La ruptura también refleja el progresivo deterioro de la alianza que permitió la llegada de Rodrigo Paz al poder. Lo que nació como un frente amplio para ofrecer una alternativa al largo ciclo del MAS comienza a mostrar las tensiones propias de una coalición que debía conciliar intereses empresariales, regionales y políticos diversos frente a una compleja agenda de reformas.
En este contexto, el desafío del presidente deja de ser exclusivamente económico. La estabilidad de su mandato dependerá ahora de su capacidad para reconstruir acuerdos en un Congreso fragmentado y demostrar que todavía puede convertir sus promesas de transformación en leyes concretas. Sin mayoría propia y con su principal aliado convertido en una oposición «constructiva», Rodrigo Paz inicia una etapa en la que la gobernabilidad ya no estará garantizada por la aritmética parlamentaria, sino por la negociación permanente. En la Bolivia posterior a la ruptura, cada proyecto de ley será también una prueba de supervivencia política.
