LA PAZ, 29 jul (El Libre Observador) — Cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió enviar una misión de alto nivel a Bolivia, el país ya había dejado atrás los bloqueos que durante 53 días paralizaron carreteras, frenaron la economía y pusieron en jaque al Gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Pero el organismo hemisférico llega con una tarea más compleja que contar los días del conflicto y comprender cómo una crisis económica terminó transformándose en la mayor confrontación política desde el inicio de la nueva administración.
Encabezada por el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, la delegación comenzó este miércoles una ronda de reuniones con autoridades, dirigentes políticos y representantes de organizaciones sociales para elaborar una evaluación sobre los acontecimientos que llevaron al país a vivir casi dos meses de tensión permanente.
La visita fue acordada por la Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá, donde los Estados miembros resolvieron acompañar al Gobierno boliviano en sus esfuerzos por preservar el orden constitucional y promover el diálogo tras una crisis que mantuvo en vilo a uno de los países más inestables económicamente de Sudamérica.
Pero detrás de las carreteras bloqueadas existía un problema mucho más profundo.
La crisis comenzó varios meses antes de que aparecieran los primeros piquetes. La reducción de las reservas internacionales, la escasez de dólares, las crecientes dificultades para importar combustibles y el deterioro del poder adquisitivo alimentado por una inflación inédita en los últimos años fueron acumulando presión sobre la economía boliviana.
Las largas filas en las estaciones de servicio se convirtieron en una imagen cotidiana. El abastecimiento irregular de diésel y gasolina golpeó al transporte, la producción agropecuaria y el comercio, mientras empresas y ciudadanos enfrentaban crecientes dificultades para acceder a divisas en un mercado cada vez más tensionado.
En ese escenario, la ausencia de respuestas que convencieran a los sectores sociales terminó por romper una de las principales bases de apoyo del Ejecutivo.
La Central Obrera Boliviana (COB), históricamente uno de los aliados más influyentes de los gobiernos de izquierda en el país, junto con organizaciones campesinas, decidió iniciar movilizaciones y bloqueos para exigir soluciones inmediatas a la crisis económica. Las protestas comenzaron con demandas relacionadas con el abastecimiento de combustibles, el acceso a dólares y el deterioro del costo de vida, pero conforme transcurrieron las semanas adquirieron un contenido cada vez más político.
Las organizaciones movilizadas ampliaron sus exigencias y terminaron reclamando la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno denunciaba que las medidas de presión habían dejado de ser reivindicaciones sociales para convertirse en un intento de alterar el orden constitucional.
Durante 53 días, Bolivia vivió una de las mayores interrupciones de su red vial en décadas. Decenas de carreteras permanecieron cerradas, el transporte de mercancías quedó prácticamente paralizado en varias regiones y comenzaron a escasear alimentos, medicamentos y combustibles. La actividad exportadora sufrió retrasos y diversos sectores empresariales estimaron pérdidas de miles de millones de dólares.
La respuesta oficial llegó con la declaración de un estado de excepción, el despliegue de las fuerzas de seguridad y una ofensiva política para recuperar el control de las carreteras. Días después, los bloqueos comenzaron a levantarse, aunque la crisis dejó profundas heridas económicas y un escenario político marcado por la desconfianza entre el Gobierno y varios de los sectores sociales que habían acompañado su llegada al poder.
Es precisamente ese recorrido el que ahora intenta reconstruir la misión de la OEA.
En un mensaje difundido por el organismo, la institución explicó que la delegación escuchará «distintos puntos de vista» para contribuir a los esfuerzos destinados a restablecer la paz y garantizar el orden constitucional. La misión sostendrá reuniones con autoridades nacionales, representantes políticos y organizaciones sociales antes de presentar una evaluación sobre los hechos.
Para el Gobierno, la visita representa una oportunidad para internacionalizar su versión del conflicto. Antes del inicio de los encuentros, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que la administración de Rodrigo Paz explicará a los enviados de la OEA que los bloqueos fueron un intento de provocar la caída del Gobierno.
«El mundo debe conocer que hubo un intento de golpe de Estado con la medida de presión registrada en el país», sostuvo el ministro.
Sin embargo, la misión llega a un país donde el debate sobre las causas del conflicto sigue abierto. Mientras el Ejecutivo pone el énfasis en la defensa del orden democrático frente a una ofensiva política, los sectores movilizados sostienen que las protestas fueron la consecuencia de una crisis económica que el Gobierno no logró contener a tiempo.
Ese contraste será uno de los principales desafíos para la OEA. Más allá de verificar cómo se desarrollaron los 53 días de bloqueos, la organización deberá interpretar un episodio en el que la protesta social, el deterioro económico y la confrontación política terminaron entrelazándose hasta convertir una crisis de abastecimiento en un conflicto institucional de alcance regional.
Las conclusiones de la misión no modificarán por sí solas el escenario boliviano. Pero sí ofrecerán una lectura internacional sobre una crisis que expuso las fragilidades de la economía, la erosión del consenso político y la dificultad de un Gobierno para contener el descontento social antes de que este escalara hasta convertirse en una de las mayores pruebas para la democracia boliviana en los últimos años.
