LA PAZ, 9 jun (El Libre Observador) — Desde distintos puntos de la ciudad, miles de campesinos, gremialistas y carniceros confluyeron este lunes en el centro de La Paz, en el corazón político de Bolivia, para exigir respuestas urgentes al Gobierno ante una crisis económica que, aseguran, ha vaciado los mercados, encarecido los productos y puesto en riesgo sus medios de vida.
A media mañana, las arterias centrales de la capital administrativa estaban colapsadas. Las columnas humanas avanzaban con pancartas, cánticos y banderas bolivianas. Unos venían desde El Alto, la ciudad vecina y rebelde; otros desde los valles y el altiplano rural.
Los reclamos eran diversos, pero compartían un fondo común: escasez de alimentos, falta de combustibles y una escalada de precios que golpea con mayor dureza a los sectores populares.
“No estamos aquí por política, sino por necesidad. Queremos soluciones estructurales, no parches”, declaró a la prensa Javier Aranda, secretario general de la Federación de Gremiales de La Paz. Desde su perspectiva, el Ejecutivo de Luis Arce ha perdido el contacto con la realidad de las calles. “Es el mismo pueblo que los eligió el que hoy les exige que escuchen”, remarcó.
El descontento se traduce en imágenes concretas: buses detenidos en plena céntrica avenida Mariscal Santa Cruz, madres caminando con niños escolares, comerciantes sin poder abrir sus puestos, la gente caminando largos trayectos para desarrollar sus actividades.
La protesta no solo generó un caos vehicular generalizado, sino que también alteró el ritmo habitual de una ciudad que ya arrastra semanas de incertidumbre económica.
Uno de los sectores más visibles fue el de los carniceros. Representados por la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), denunciaron que el precio del kilo gancho de carne ha subido casi un 100 % en los últimos meses.
“El Gobierno autorizó exportaciones sin asegurarse de que haya suficiente carne para el mercado interno. Nos dejan sin margen, trabajamos a pérdida”, explicó Jorge Choque, ejecutivo del sector.
Las cifras son contundentes: según sus datos, el kilo gancho —el corte mayorista que marca el precio al consumidor— llegó a costar entre 48 y 49 bolivianos, muy por encima del nivel que permite operar con rentabilidad.
Frente a esta situación, los carniceros decidieron expulsar a sus propios dirigentes que negociaron con el Gobierno y anunciaron nuevas medidas de presión.
Mientras tanto, los campesinos de la Federación Departamental Túpac Katari, provenientes de la zona sur de La Paz, marcharon con demandas vinculadas al abastecimiento de carburantes y la regulación de precios de la canasta familiar.
“Nuestros hermanos ya no tienen con qué sembrar. Si no hay solución, vamos a radicalizar la protesta”, advirtió Rudy Ticona, uno de sus voceros.
A diferencia de otros episodios de conflictividad social recientes, los manifestantes insistieron en que no buscan la renuncia del presidente Arce, sino que demandan políticas concretas para frenar lo que describen como una “espiral inflacionaria silenciosa” que se ha instalado en mercados y ferias del país.
En un país habituado a convivir con la protesta como forma de presión política y social, la movilización de este lunes sobresale por su amplitud y transversalidad. Reunió a sectores urbanos y rurales, productores y comerciantes, todos articulados en torno a un reclamo común: que el Gobierno reaccione ante una crisis que, si bien es regional, tiene en Bolivia una expresión particularmente dura en el bolsillo popular.
