LA PAZ, 17 dic (El Libre Observador) — Bolivia cruzó esta semana una línea política y económica largamente temida. El Gobierno anunció la noche del miércoles el fin de la subvención a los combustibles y decretó un gasolinazo con alzas de hasta el 86%, una decisión de alto impacto social que busca frenar la hemorragia fiscal y ordenar una economía asfixiada por la falta de dólares, la inflación y el desabastecimiento energético.
El presidente Rodrigo Paz formalizó el viraje con la promulgación del llamado “Decreto por la Patria”, en un mensaje a la nación rodeado de su gabinete.
La norma declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, otorgando al Estado amplias facultades para actuar con rapidez en un escenario que el propio mandatario describió como crítico: reservas internacionales agotadas, escasez de divisas, presiones inflacionarias y un aparato estatal debilitado por años de mala gestión.
“No administrar la decadencia”, dijo Paz, al justificar una de las decisiones más impopulares que puede tomar un gobierno en Bolivia, donde el subsidio a los combustibles ha sido durante décadas un pilar del pacto social. El Ejecutivo sostiene que mantenerlo era ya inviable y que su eliminación permitirá garantizar el abastecimiento y evitar un colapso mayor.
Los nuevos precios, anunciados por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, reflejan el alcance del ajuste. La gasolina especial pasó de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro; el diésel subió de 3,72 a 9,80 bolivianos; y la gasolina premium se elevó de 7,22 a 11,00 bolivianos. El Gobierno habló de “sinceramiento” de precios y de la necesidad de ofrecer señales claras a la producción, el transporte y los sectores estratégicos.
Según el Ejecutivo, la eliminación del subsidio liberará recursos fiscales que serán distribuidos en partes iguales entre el Gobierno central y las regiones, con el objetivo de reactivar la inversión y sostener servicios básicos como salud y educación, hoy presionados por la crisis presupuestaria.
Consciente del impacto social del ajuste, el decreto incorpora un paquete de compensación. El salario mínimo nacional subirá de 2.750 a 3.300 bolivianos, un incremento del 20%; se anunció un aumento de la Renta Dignidad, la creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad para hogares sin aportes contributivos y la garantía del Bono Juancito Pinto 2026 para estudiantes del sistema público.
El Gobierno insiste en que se trata de medidas “financiadas y ejecutables” y presenta el gasolinazo como el costo inevitable de cerrar un ciclo de “despilfarro y engaño”. Pero el ajuste abre también una etapa de incertidumbre política y social.
En un país marcado por el recuerdo traumático de anteriores incrementos de combustibles, el pulso entre estabilidad económica y tolerancia social vuelve a definir el futuro inmediato de Bolivia, bajo la atenta mirada de los mercados y de una región acostumbrada a que los giros económicos se paguen caros en la calle.
