LA PAZ, 3 ago (El Libre Observador) — La familia del expresidente boliviano Luis Arce atraviesa una tormenta judicial que alcanza ya a sus tres integrantes. Mientras el exmandatario permanece en prisión preventiva y uno de sus hijos está recluido por otro proceso, la Fiscalía ha presentado una acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira, el menor de sus hijos, por presunto enriquecimiento ilícito y ha pedido a la Justicia que incaute sus bienes y cuentas bancarias.
El nuevo capítulo se abre con un expediente que coloca bajo escrutinio el patrimonio de Rafael Arce. El Ministerio Público sostiene que existen indicios de un incremento patrimonial que no tendría correspondencia con sus ingresos y menciona entre las operaciones investigadas la adquisición de un penthouse y bauleras en la zona Sur de La Paz, además de vehículos de alta gama.
La Fiscalía no se ha limitado a solicitar una condena. También reclama la incautación de los inmuebles y automóviles atribuidos al acusado y de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, tanto congeladas como no congeladas. El delito por el que fue acusado contempla una pena de entre tres y ocho años de prisión.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el exdiputado Héctor Arce y ha avanzado sin la presencia del acusado. Rafael Arce permanece declarado en rebeldía porque no se presentó ante las autoridades y no pudo ser habido para someterse al proceso.
La acusación fiscal sostiene además que durante la investigación fueron detectados movimientos económicos considerados sospechosos y una gestión relacionada con un anticipo de herencia en favor del hijo de Rafael Arce. Todos esos elementos deberán ser examinados durante el juicio, en el que corresponde al Ministerio Público demostrar sus acusaciones y al procesado ejercer su derecho a la defensa.
La situación judicial del hijo menor se suma a una crisis familiar que adquiere una dimensión política por el pasado reciente de su padre. Luis Arce, quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, permanece detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, en La Paz, dentro del denominado caso Fondo Indígena.
El expresidente, que llegó al poder como uno de los principales dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) y fue ministro de Economía durante buena parte del Gobierno de Evo Morales, terminó su mandato en medio de una fuerte crisis política y económica. Ahora enfrenta desde prisión un proceso judicial que ha alterado radicalmente el escenario de su familia.
El otro hijo, Marcelo Arce, también está recluido preventivamente, en este caso en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, dentro de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía investiga así a los tres miembros de la familia desde distintos frentes judiciales, aunque los procesos son independientes y se encuentran en diferentes etapas.
Rafael Arce, además, afronta otro expediente por la presunta adquisición irregular de un predio productivo en Santa Cruz. En ese caso, la investigación se centra, entre otros aspectos, en un crédito bancario de varios millones de dólares que habría obtenido cuando tenía 25 años.
La acumulación de procesos ha convertido el patrimonio familiar en uno de los focos de atención de la Justicia boliviana. Pero las acusaciones no equivalen a condenas. La responsabilidad penal de cada uno deberá establecerse en los tribunales, con las garantías correspondientes.
El nuevo expediente, sin embargo, tiene un elemento particularmente sensible: el dinero. La Fiscalía no solo busca que Rafael Arce responda penalmente, sino que pretende impedir que los bienes y recursos que considera vinculados al supuesto enriquecimiento puedan ser movilizados mientras avanza el proceso.
La imagen de la familia que durante años estuvo vinculada al poder político boliviano aparece ahora invertida. El expresidente está en prisión preventiva; uno de sus hijos permanece recluido y el otro enfrenta un juicio que amenaza con alcanzar su patrimonio.
La historia judicial de los Arce está todavía lejos de su desenlace. Los tribunales deberán determinar si las sospechas que han sostenido las investigaciones se convierten en responsabilidades penales o quedan desvirtuadas durante los procesos. Hasta entonces, el apellido que estuvo asociado al Gobierno vuelve a ocupar los titulares, pero esta vez desde el lado más incómodo del poder: el de los tribunales.
