LA PAZ, 9 jun (El Libre Observador) — Los bloqueos liderados por sectores afines a Evo Morales han escalado a 26 puntos críticos en Bolivia, desafiando el despliegue de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía, y agravando una crisis política y económica que se intensifica a un poco más de meses de las elecciones generales del 17 de agosto.
El lunes comenzó con una nueva alerta desde la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): más de una veintena de tramos viales permanecen intransitables por protestas que exigen la habilitación del exmandatario Evo Morales como candidato y la renuncia del presidente Luis Arce.
Las manifestaciones, concentradas principalmente en el bastión cocalero de Cochabamba, paralizan rutas troncales vitales para la conexión entre oriente y occidente, afectando al comercio, el abastecimiento de combustibles y el precio de los alimentos.
Cochabamba, con nueve puntos de bloqueo, encabeza la lista de regiones afectadas. Allí, en el municipio de Vinto, uno de los episodios más tensos ocurrió el fin de semana cuando manifestantes interceptaron una ambulancia y agredieron al personal médico, un hecho que el presidente Arce calificó como una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
Otros departamentos enfrentan bloqueos significativos: Potosí con cuatro puntos de bloqueo. En Oruro con siete puntos conflictivos, Santa Cruz con tres, Pando con dos y Beni con uno.
Las imágenes de convoyes policiales avanzando por rutas con largas kilométricas de vehículos y comunidades bloqueadas por barricadas improvisadas reflejan la creciente polarización entre las facciones del Movimiento al Socialismo (MAS). El conflicto ha convertido el eje carretero del país en un campo de batalla político, mientras los llamados «evistas» endurecen su estrategia de presión desde el Trópico cochabambino.
Desde ese mismo bastión, Morales alienta las protestas contra su antiguo aliado. El presidente Arce, en respuesta, descartó cualquier posibilidad de renuncia y denunció un plan de desestabilización por parte del exmandatario para forzar su retorno a la contienda electoral, pese a la restricción constitucional que se lo impide.
“La renuncia de nadie hoy resuelve los problemas”, declaró el domingo, tras visitar a policías y médicos agredidos en los disturbios recientes.
El Gobierno, además, vincula el conflicto con el bloqueo legislativo impulsado por los seguidores de Morales, que ha paralizado el acceso a créditos externos destinados a infraestructura y programas sociales. “Es un estrangulamiento político y económico deliberado”, acusó Arce, quien intenta sostenerse en medio de la tormenta política y la presión social.
La tensión crece mientras la economía boliviana muestra signos de asfixia. La escasez de combustibles se agudiza, los mercados reportan alzas de precios y sectores empresariales advierten de un colapso logístico si la situación no se resuelve en los próximos días.
La protesta ha dejado de ser una disputa interna del oficialismo para convertirse en un desafío a la gobernabilidad del país.
Entretanto, la red vial nacional permanece bajo vigilancia militar y policial. El Gobierno intenta recuperar el control sin provocar un estallido mayor, consciente de que cualquier represión excesiva podría tener costos políticos en un año electoral decisivo.
