LA PAZ, 4 ago (El Libre Observador) — El presidente Rodrigo Paz quiere transformar Bolivia sin tocar, al menos por ahora, la Constitución. El mandatario prepara para este jueves, en Sucre, un discurso que pretende marcar el comienzo de una nueva etapa de su Gobierno con anuncios de reformas estructurales, una ofensiva legislativa y una economía más abierta a la inversión. Todo ello con la actual Carta Magna como punto de partida y no necesariamente como obstáculo.
El escenario no es casual. Paz rendirá cuentas de sus primeros nueve meses de gestión durante los actos por los 201 años de la independencia boliviana. Será también la oportunidad para anunciar las decisiones con las que pretende dejar atrás la etapa inicial de su mandato y entrar en el tiempo que su propio Gobierno ha bautizado como el de las “transformaciones”.
“Ha llegado el tiempo de las transformaciones”, adelantó a los periodistas el portavoz presidencial, José Luis Gálvez. La frase funciona como anuncio y como promesa. El Gobierno sabe que el país espera resultados en medio de una profunda crisis económica y que el margen para prolongar los diagnósticos comienza a estrecharse.
La primera precisión política ha llegado antes que el discurso: no hace falta cambiar la Constitución para empezar a cambiar Bolivia.
“Hay muchísimas cosas que se pueden y se deben hacer aún sin tener que encarar un cambio de la Constitución”, dijo Gálvez. La puerta constitucional, sin embargo, no está cerrada. El portavoz recordó que, en mayo, durante una reunión en Cochabamba, se planteó la posibilidad de una reforma parcial. Pero esa discusión, subrayó, corresponde a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno parece querer evitar, al menos de entrada, que la promesa de transformación quede atrapada en una larga disputa constitucional. Hay reformas que pueden hacerse mediante leyes ordinarias. Y la primera batalla se librará precisamente allí, en el Legislativo.
Paz prepara un paquete de al menos 12 leyes. La primera será la Ley de Inversiones; después llegarán las normas para minería e hidrocarburos. El propósito es cambiar las condiciones para hacer negocios en Bolivia, atraer capital y ofrecer seguridad jurídica a quienes estén dispuestos a invertir en sectores estratégicos.
La propuesta contiene además un mensaje dirigido a los inversores que durante años han observado con cautela los cambios de rumbo de la política boliviana. El Ejecutivo pretende establecer “candados” frente a futuras nacionalizaciones o expropiaciones: cualquier medida de ese tipo debería pasar por una ley aprobada por la Asamblea y contemplar el pago inmediato a la parte afectada.
Es una apuesta económica, pero también política. Paz asumió el poder el 8 de noviembre de 2025, cuando la crisis económica ya condicionaba buena parte de la vida del país. Desde entonces ha planteado una transformación del modelo de distribución de recursos y competencias entre los distintos niveles del Estado, incluida su propuesta “50/50”.
Ahora llega la hora de convertir los anuncios en leyes.
La Asamblea tendrá un papel decisivo. El Ejecutivo necesitará construir mayorías, negociar y convencer para aprobar un paquete legislativo que pretende modificar reglas sensibles en sectores como hidrocarburos, minería e inversiones. Y, mientras tanto, la cuestión constitucional seguirá esperando.
La paradoja es que Paz quiere cambiar profundamente el funcionamiento del Estado sin comenzar por cambiar su norma fundamental. Es una estrategia de transformación gradual que busca resultados antes que una batalla institucional de mayor calado.
El jueves, en Sucre, el presidente tendrá que explicar cómo piensa hacerlo. No será únicamente un informe de nueve meses. Será la presentación de una hoja de ruta.
Bolivia escuchará entonces si la “transformación” anunciada es una nueva consigna política o el comienzo de un cambio capaz de atravesar la crisis económica, convencer a los inversores y sobrevivir a la negociación parlamentaria.
