POTOSÍ, 16 abr (El Libre Observador) – Una jornada escolar se convirtió en tragedia este miércoles en la comunidad de Lagunillas, en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia. Un bus escolar que esperaba en la puerta de una unidad educativa se incendió repentinamente, dejando un saldo devastador: cinco estudiantes adolescentes murieron calcinados y al menos ocho resultaron heridos.
El hecho ha conmocionado a la población y ha puesto bajo escrutinio las condiciones de seguridad del transporte escolar en áreas rurales.
El vehículo, utilizado habitualmente para trasladar a estudiantes desde sus casas hasta la escuela, se encontraba estacionado en el momento del siniestro.
Según el reporte del Comando Departamental de Policía de Potosí, el fuego se desató cuando el conductor intentaba encender el motor. Una fuga de gas —producto de un sistema de combustible improvisado y no autorizado— habría originado la explosión que envolvió al vehículo en llamas en cuestión de minutos.
«Cuando nuestro personal llegó al lugar, el bus ya estaba prácticamente incinerado. En su interior hallamos a cinco adolescentes sin vida», informó a la prensa el vocero policial Limbert Choque. Los otros ocho ocupantes, con edades entre los 12 y 17 años, lograron escapar por las ventanas, aunque algunos de ellos presentan lesiones por quemaduras y asfixia, y están siendo atendidos en centros médicos cercanos.
El conductor del autobús, Román Ignacio Apaza, de 53 años, fue arrestado y se encuentra en celdas policiales mientras rinde su declaración.
Según las primeras investigaciones, el vehículo operaba con garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), un combustible prohibido para uso automotor en Bolivia. Esta práctica clandestina, motivada por los bajos costos del GLP en comparación con la gasolina o el Gas Natural Vehicular (GNV), se ha vuelto común en zonas rurales pese a ser altamente riesgosa.
La tragedia ha vuelto a poner en evidencia las falencias en la regulación y supervisión del transporte escolar, especialmente en regiones alejadas de los centros urbanos. La Policía ha reiterado la ilegalidad de utilizar sistemas de gas improvisados en buses de transporte público y ha exigido mayores controles por parte de las autoridades municipales y educativas.
Mientras las familias de las víctimas lloran una pérdida irreparable, crecen las voces que exigen una investigación a fondo y sanciones ejemplares. La precariedad, la falta de fiscalización y la indiferencia institucional han quedado, una vez más, expuestas bajo el humo de una tragedia que pudo y debió haberse evitado.
