LA PAZ, 3 ago (El Libre Observador) — El desgaste político del Gobierno de Rodrigo Paz ha abierto un nuevo frente en Bolivia. Legisladores de distintas fuerzas exigieron este lunes al presidente renovar su gabinete y rodearse de ministros con mayor capacidad política, experiencia negociadora y presencia territorial para afrontar una crisis que combina dificultades económicas y energéticas, conflictos sociales y problemas de seguridad.
A menos de una semana del aniversario patrio y cuando el Ejecutivo intenta dejar atrás el estado de excepción decretado para recuperar el control de las carreteras tras semanas de bloqueos, las críticas apuntan directamente al equipo ministerial. Los parlamentarios reclaman un gabinete capaz de negociar con los sectores movilizados y de responder con mayor rapidez a las demandas de la población.
“Necesita un gabinete de guerra, estamos en un momento crítico en el país”, afirmó el diputado de Unidad Alejandro Reyes, quien advirtió además sobre la posibilidad de que se reactiven las protestas. A su juicio, el Ejecutivo necesita funcionarios con experiencia política y capacidad para afrontar un escenario que continúa siendo vulnerable a nuevos focos de conflictividad.
El reclamo atraviesa distintas fuerzas políticas. La diputada de Libre Tomasa Yarhui calificó de “ineficiente” al gabinete y sostuvo que, durante los nueve meses de gestión de Paz, las autoridades no alcanzaron los resultados esperados en sus respectivas áreas.
“Se necesitaba un Estado más eficiente; hubo mucha ineficiencia”, afirmó la legisladora, en una crítica que refleja el creciente cuestionamiento parlamentario a la capacidad de respuesta del Gobierno.
Desde la bancada de APB Súmate, la senadora Claudia Mallón también pidió sustituir a los ministros y planteó un cambio en el estilo de gestión. La legisladora reclamó un equipo con mayor experiencia política y contacto directo con la ciudadanía, además de una relación más fluida con la Asamblea Legislativa.
“Es hora de reconducir la forma de gobernar”, sostuvo Mallón, quien pidió dejar atrás a los denominados “ministros de escritorio” y reemplazarlos por autoridades capaces de desplazarse al territorio, escuchar a la población y gestionar soluciones.
Las críticas llegan cuando el Gobierno enfrenta una acumulación de problemas que han deteriorado su margen de maniobra. Las dificultades para acceder a combustibles, las denuncias de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el incremento de precios asociado a la subida del dólar, los episodios de violencia registrados en Santa Cruz y la crisis generalizada forman parte de una agenda que presiona al Ejecutivo.
El combustible se ha convertido en uno de los principales termómetros de la crisis. Las largas filas para abastecerse han afectado durante semanas a transportistas y usuarios y han alimentado el malestar social. A ello se suma la preocupación por el encarecimiento de productos y servicios en un contexto de presión cambiaria.
La inseguridad también ha añadido tensión. En los últimos días, Santa Cruz fue escenario de hechos violentos relacionados, según las autoridades, con disputas criminales vinculadas al narcotráfico. En uno de esos episodios murió un policía, un hecho que elevó las exigencias de mayor capacidad de respuesta del Estado.
El Ejecutivo afronta así una paradoja, el estado de excepción permitió recuperar el control de las carreteras después de semanas de bloqueos, pero su aplicación no ha resuelto las causas que alimentaron la conflictividad. Las demandas económicas y sociales permanecen y algunos sectores han advertido sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones.
El debate sobre el gabinete se instala, por tanto, en un momento especialmente delicado para Paz. Los parlamentarios no solo cuestionan nombres, sino el modelo de gestión de un Gobierno que se aproxima a sus nueve meses de administración y que necesita recuperar capacidad de diálogo antes de que la tensión vuelva a las calles.
