LA PAZ, 18 ago (El Libre Observador) — Nadia Beller sobrevivió a tres disparos y salió del hospital con una advertencia de quienes intentaron matarla, dijo, también intentaron borrar lo que sabe. Desde la cama de un centro médico de Santa Cruz de la Sierra, la abogada y activista lanzó este martes graves acusaciones contra la familia del presidente Rodrigo Paz Pereira y situó al argentino Fernando Cerimedo, asesor del mandatario, en el centro de una trama de presuntos hechos de corrupción y control político.
Las acusaciones, formuladas en entrevistas con medios televisivos, no han sido respondidas hasta ahora por el Ejecutivo. Beller afirmó que trabajó para el Gobierno en asuntos jurídicos, que conoció de cerca decisiones y operaciones de la administración y que esa posición le permitió, según su versión, ser testigo de supuestos negociados relacionados con combustibles, oro y otros negocios que vinculan a la esposa e hijas de Paz.
“Intentaron silenciarme”, afirmó Beller desde el hospital, donde permanece internada después del ataque sufrido la noche del lunes. Aseguró que teme por su vida y que los responsables podrían volver a intentarlo si consigue revelar públicamente la información que posee.
El ataque ocurrió en un hotel de lujo de Santa Cruz, donde Beller aseguró que había acudido para encontrarse con una persona que supuestamente iba a entregarle información relacionada con una denuncia contra el expresidente Evo Morales. Nadie acudió a la cita. En cambio, aparecieron los atacantes.
La abogada relató que recibió los disparos y que fingió estar muerta durante aproximadamente media hora para evitar que los agresores volvieran a atacarla. Según su versión, le robaron el teléfono móvil, que contenía pruebas sobre distintos hechos que pretendía denunciar.

Beller sostiene que Cerimedo, asesor de Rodrigo Paz y exasesor del dignatario Javier Milei, sabía que ella estaría en el lugar e incluso le había comunicado que contaba con protección policial. La investigación deberá determinar si esa información tuvo alguna relación con el atentado y quién estuvo detrás del ataque.
Del trabajo jurídico a una relación
La relación entre Beller y Cerimedo comenzó, según su relato, cuando fue convocada para revisar el denominado “paquetazo de leyes” del Gobierno. Su trabajo se desarrolló inicialmente en el área jurídica y, después de iniciar una relación sentimental con el consultor argentino, se apartó parcialmente del Ejecutivo, aunque continuó colaborando en asuntos relacionados con decretos.
Esa cercanía, afirma, le permitió conocer desde dentro determinados movimientos del poder.
Beller aseguró que fue testigo de presuntos negocios en los que estarían involucrados funcionarios y personas del entorno familiar del presidente. Mencionó operaciones vinculadas con la gasolina, el diésel y el oro, y afirmó que Cerimedo actuaba como operador.
Son acusaciones de extrema gravedad que, hasta ahora, no han sido acompañadas públicamente por documentos o pruebas verificables en el material difundido y que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
La abogada también afirmó que Cerimedo no recibe directamente un salario del Estado y que sus ingresos provendrían de pagos realizados por una empresa denominada Futura. Según su versión, esa compañía y otras empresas financiarían trabajos de consultoría política y contratos negociados con grandes compañías en distintos países.
es una empresa vinculada al consultor político argentino Fernando Cerimedo (asesor de imagen y estrategia digital), la cual ha sido mencionada en investigaciones periodísticas y denuncias públicas en Bolivia relacionadas con la gestión de contratos y la cadena de suministro de combustibles.

Una relación marcada, según Beller, por violencia
El relato de Beller también describe una relación sentimental que, según su versión, terminó entre episodios de violencia, infidelidades y amenazas.
Afirmó que, en abril, después de descubrir que Cerimedo le había mentido sobre una relación anterior, fue víctima de un episodio de violencia en el que, según denunció, el asesor la habría tomado del cuello. Posteriormente, sostuvo, descubrió una relación de Cerimedo con una funcionaria del Ejecutivo.
Beller afirmó que en otro episodio fue golpeada y que sufrió una tentativa de feminicidio. Dijo que un periodista, la Policía y la Fiscalía llegaron al departamento donde se encontraba, pero que posteriormente funcionarios y operadores del Gobierno se encargaron de impedir que el caso trascendiera.
Entre las personas a las que señaló mencionó al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al comandante de la Policía y a otros funcionarios y asesores presidenciales. Estas acusaciones tampoco han sido respondidas públicamente por los señalados.
Según Beller, el argentino llegó incluso a amenazar con suicidarse si era enviado a prisión, una situación que, afirma, terminó influyendo en su decisión de no permitir inicialmente el ingreso de los agentes.
“Aquí no gobierna Rodrigo Paz”
La frase más contundente de su denuncia llegó cuando habló del poder que atribuye a Cerimedo dentro del aparato estatal.
“Aquí no gobierna Rodrigo Paz. Gobierna Fernando Cerimedo”, aseguró Beller, al sostener que el consultor argentino tendría capacidad para influir en sectores de la Policía y que las instituciones no actuarían contra él debido a su cercanía con el poder presidencial.
La abogada afirmó incluso que un grupo policial que, según ella, responde a Cerimedo opera cerca del hotel donde fue atacada.
La investigación policial deberá establecer qué hay detrás de esas afirmaciones, determinar el móvil del atentado y establecer si existe alguna conexión entre el ataque y las denuncias que Beller asegura estar dispuesta a revelar.
Por ahora, el caso ha dejado de ser únicamente una investigación por un ataque armado. La aprehensión de Cerimedo y las acusaciones de Beller han colocado bajo presión al Gobierno de Paz, que debe responder a una pregunta que trasciende el episodio criminal: si el consultor argentino tenía realmente la influencia que la denunciante le atribuye y hasta dónde llegaba su acceso a las estructuras del Estado.
Mientras tanto, Beller permanece hospitalizada y afirma que no piensa callar. Su testimonio abre un nuevo frente político y judicial para el Gobierno boliviano, pero también plantea una exigencia fundamental: que las graves acusaciones formuladas desde una cama de hospital sean sometidas a una investigación independiente, con pruebas y sin excepciones para quienes ocupan posiciones de poder.

