LA PAZ, 2 sep (El Libre Observador) — Durante años, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue mucho más que una empresa estatal poque su nombre condensaba una de las ideas centrales de la Bolivia contemporánea; que el Estado debía controlar sus recursos naturales y que el gas y los combustibles eran, antes que una mercancía, una cuestión de soberanía. Este miércoles, ese símbolo ha quedado bajo intervención del propio Estado.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha ordenado intervenir temporalmente la petrolera por hasta 180 días, con la posibilidad de prolongar la medida otros 90, para revisar sus operaciones y tratar de recuperar la eficiencia de una cadena de combustibles que se ha convertido en uno de los puntos más frágiles de la economía boliviana. La decisión fue formalizada mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre.
La escena tiene una carga política difícil de ignorar: el Ejecutivo que recibió una economía golpeada por la escasez de carburantes ha decidido mirar dentro de la principal empresa energética del país para averiguar qué está fallando. No se trata, al menos formalmente, de desmantelar YPFB. El decreto mantiene intactas su naturaleza jurídica y su estructura institucional. Lo que cambia es quién vigila, durante un tiempo, sus operaciones.
El Gobierno habla de deficiencias. El decreto utiliza un lenguaje más severo cuando establece que la intervención deberá proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa. El foco estará puesto en la importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los carburantes.
En otras palabras, el Ejecutivo quiere reconstruir el viaje del combustible desde que entra al país hasta que llega a una estación de servicio. Quiere saber cuánto se compra, cuánto se distribuye, dónde termina y, sobre todo, dónde pueden estar produciéndose las fugas del sistema.
La pregunta no es menor en un país que ha vivido largas filas para conseguir gasolina y diésel y en el que el abastecimiento energético se ha convertido en una fuente recurrente de tensión social. Este mismo miércoles, productores mantenían bloqueos en carreteras de Santa Cruz en rechazo al nuevo régimen del diésel, mientras organizaciones cívicas debatían en Cochabamba la crisis de los carburantes.
La intervención llega, por tanto, en un momento especialmente delicado. El Gobierno necesita garantizar combustible para el transporte, la agricultura y la industria, pero también necesita explicar por qué una cadena considerada estratégica presenta deficiencias suficientes como para justificar una medida excepcional.
Para buscar respuestas se ha creado una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública.
La comisión tendrá acceso a información administrativa, técnica, financiera y operativa de YPFB. Podrá solicitar contratos, registros, informes y antecedentes, y revisar los sistemas necesarios para reconstruir el funcionamiento de la cadena logística. También podrá recomendar auditorías y convocar a especialistas, peritos y consultores.
Pero la palabra que probablemente marque el desarrollo de esta intervención es otra: responsabilidades.
El decreto encarga a la comisión identificar posibles redes de contrabando, desvío y acopio irregular de carburantes. También podrá examinar decisiones y operaciones que hayan afectado el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos del Estado y, si encuentra indicios, recomendar acciones contra los responsables.
No significa que exista ya una conclusión judicial sobre esos posibles delitos. Significa que el Gobierno considera necesario investigar si detrás de las deficiencias existen estructuras de desvío o prácticas irregulares y determinar, con documentación y auditorías, quiénes pudieron participar.
La primera fotografía de esa investigación deberá estar lista en un plazo máximo de 30 días calendario desde la publicación de la resolución ministerial correspondiente. Después vendrá el desafío mayor que será convertir los hallazgos en decisiones capaces de corregir el sistema.
La intervención también podrá recomendar la remoción de personal y remitir sus informes a la Contraloría, al Ministerio Público, a la Procuraduría y a otras instituciones cuando encuentre posibles responsabilidades.
El Gobierno ha querido dejar claro que YPFB no desaparecerá. Pero esa precisión jurídica no elimina el significado político de la decisión. Intervenir la empresa que durante décadas encarnó la política energética del Estado supone reconocer que el problema ya no puede ser explicado únicamente como una dificultad externa de importación o como una consecuencia de la falta de divisas.
El resultado de la intervención será observado con especial atención porque de ella se espera algo más que un informe administrativo. El Gobierno necesita saber qué ocurrió con una cadena que debía garantizar uno de los servicios esenciales de la economía y, al mismo tiempo, demostrar que puede recuperar el control sobre ella.
Los próximos 180 días serán, en ese sentido, una prueba para YPFB, pero también para el Gobierno de Paz. Si la comisión encuentra responsables, deberá probarlo. Si descubre fallas estructurales, tendrá que corregirlas. Y si logra ordenar la distribución de carburantes, deberá conseguir que esa mejora llegue hasta las estaciones de servicio y deje de ser una promesa escrita en un decreto.
