LA PAZ, 2 sep (El Libre Observador) — Bolivia ha abierto una puerta que puede conducir mucho más lejos de lo que su nombre anuncia. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) comenzó este miércoles en Tiquipaya, Cochabamba, la discusión formal para reformar las leyes que organizan las elecciones, pero el debate rápidamente desbordó las urnas y alcanzó la Constitución de 2009, el modelo económico, la justicia, las autonomías y el papel del Estado.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó el proceso como una oportunidad para reconstruir las reglas de la democracia boliviana. La revisión alcanzará las leyes 018, del Órgano Electoral; 026, del Régimen Electoral, y 1096, de Organizaciones Políticas. La intención, dijo, es conseguir un sistema “más democrático, transparente, eficiente, moderno” y con mayor legitimidad.
La apuesta del TSE llega después de un ciclo electoral particularmente intenso y de varios años en los que las reglas de competencia política, la representación y la relación entre instituciones electorales y partidos han sido objeto de disputa. El organismo pretende ahora elaborar su propia propuesta, socializarla en los nueve departamentos y recibir aportes antes de llevarla al escenario legislativo.
Pero Ávila introdujo una cuestión mucho más profunda: la necesidad de revisar la propia Constitución. “Hagamos una mea culpa, veamos esa Constitución, qué ha generado, qué ha producido”, planteó, en una señal de que el debate institucional puede terminar convertido en una discusión sobre el modelo de país.
La coincidencia temporal no es menor. Mientras el TSE inicia su reforma electoral, distintas fuerzas políticas ya han puesto sobre la mesa proyectos para modificar la Carta Magna. El expresidente Jorge Tuto Quiroga presentó una propuesta con 111 cambios agrupados en cinco grandes áreas: economía, autonomías, justicia, atribuciones del Congreso y transformación digital.
Su planteamiento busca reducir el peso del estatismo, atraer inversión y permitir el arbitraje internacional, además de modernizar la justicia y reconocer nuevos derechos vinculados con la tecnología y la inteligencia artificial.
Quiroga ha evitado presentar su iniciativa como un texto cerrado y ha llamado a conversar con las distintas fuerzas políticas. Para avanzar, la reforma parcial requiere una mayoría de dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo que obliga a construir un acuerdo político amplio.
En paralelo, el presidente del Senado, Diego Ávila, y el diputado Carlos Alarcón han planteado retirar rango constitucional a 31 artículos para que puedan ser modificados mediante leyes. La propuesta alcanza asuntos particularmente sensibles: hidrocarburos, agua, cooperativas, industrialización estatal y la prioridad de la inversión pública sobre la privada.
El debate económico es uno de los puntos de mayor alcance. La Constitución establece principios que han protegido la participación estatal en sectores estratégicos y definido el carácter del agua y los recursos naturales. Modificar esas disposiciones no sería, por tanto, un simple ajuste técnico sino supondría alterar parte de la arquitectura económica construida durante el ciclo político iniciado en 2009.
La discusión también llega en un momento de recomposición política. El nuevo escenario institucional boliviano ha dejado atrás el largo predominio del Movimiento al Socialismo y ha abierto una etapa en la que diferentes bloques buscan redefinir las reglas de competencia y gobernabilidad. En ese contexto, el sistema electoral se convierte en algo más que un mecanismo para organizar elecciones: es el terreno donde se decide cómo se distribuye el poder.
El propio TSE ya había anunciado que la reforma debía corregir vacíos y disposiciones que considera obsoletas, con el objetivo de que Bolivia llegue a sus próximos procesos electorales con una normativa actualizada.
El desafío será evitar que la reforma electoral quede absorbida por una batalla constitucional de mayor envergadura. La independencia que reivindica el Órgano Electoral será una de las claves del proceso, especialmente si las nuevas reglas afectan directamente a los partidos que deberán competir bajo ellas.
En el fondo, Bolivia empieza a discutir algo más que sus procedimientos electorales. Debate si las reglas con las que organizó su democracia durante los últimos años siguen respondiendo al país que emerge de una profunda transformación política.
El TSE ha puesto en marcha el mecanismo. Los partidos ya han colocado sus piezas. Y la Constitución, hasta ahora el marco que contiene la disputa, comienza a convertirse también en uno de los principales terrenos de esa disputa. El resultado dependerá de si las fuerzas políticas consiguen transformar sus proyectos particulares en un acuerdo nacional o si la reforma termina convertida en otra batalla por el control del Estado.
