LA PAZ, 10 sep (El libre Observador) — El Estado boliviano ha comenzado a mirarse hacia dentro. Y lo que encuentra es un entramado de 67 empresas públicas que ahora pasa por el filtro de la eficiencia, las cuentas y la utilidad. El Gobierno de Rodrigo Paz prepara el cierre de entre ocho y diez de ellas en los próximos meses, en una señal inequívoca de que la reducción del gasto público ha dejado de ser un discurso para convertirse en una tarea inmediata.
El anuncio lo hizo este jueves el ministro de Economía, Christian Morales, quien anticipó que el Ejecutivo comenzará “en el muy corto plazo” a cerrar un grupo de empresas actualmente sometidas a evaluación por su situación financiera.
“Tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos”, afirmó el ministro, en una frase que resume el nuevo enfoque del Gobierno ante un aparato empresarial estatal que durante años amplió su presencia en sectores productivos, comerciales y de servicios.
La dimensión del ajuste se entiende mejor con las cifras. Según los datos de la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Bolivia tiene 67 empresas públicas bajo tuición del nivel central: 42 estatales, con capital íntegramente público, y 25 mixtas, donde el Estado conserva la mayoría accionarial y el control operativo.
No todas están condenadas a desaparecer. Morales dejó claro que el Gobierno estudia caso por caso y que algunas empresas podrían ser “salvadas” si existen condiciones para recuperar su viabilidad. Otras, en cambio, podrían encaminarse hacia el cierre si mantenerlas supone seguir destinando recursos públicos a estructuras deficitarias.
Es ahí donde aparece la parte más compleja de la operación. Liquidar una empresa pública no consiste simplemente en bajar la persiana. Hay activos que administrar, pasivos que cancelar, trabajadores y obligaciones que resolver, además de créditos concedidos por el Banco Central de Bolivia (BCB), algunos de ellos con el Tesoro General de la Nación como garante.
El Gobierno quiere evitar que una decisión concebida para ahorrar dinero termine generando una factura mayor para el Estado.
“Son recursos públicos, son recursos de todos los bolivianos”, advirtió Morales al explicar la necesidad de encontrar mecanismos financieros y jurídicos que permitan cerrar las empresas sin trasladar nuevos problemas a las cuentas nacionales.
El ministro fue particularmente crítico con el origen de algunas de estas compañías. A su juicio, determinadas empresas fueron creadas en anteriores gestiones por “afanes políticos” o con la intención de generar puestos de trabajo vinculados a bases políticas.
La revisión del mapa empresarial del Estado forma parte de un ajuste más amplio con el que el Ejecutivo pretende reducir el peso de la administración pública. Morales aseguró que ya se ha conseguido disminuir aproximadamente un 30 por ciento la carga burocrática de las entidades del nivel central, incluidos el Órgano Ejecutivo y sus instituciones descentralizadas y desconcentradas.
La lógica es sencilla sobre el papel, pero mucho más complicada en la práctica: menos estructuras, menos gasto y mayor eficiencia. El desafío será demostrar que esa ecuación funciona sin destruir activos públicos, generar nuevos pasivos o dejar sin salida a trabajadores de empresas que durante años fueron instrumentos de política económica y, en algunos casos, también política.
Por ahora no hay una lista oficial de las compañías que serán cerradas. La decisión dependerá de las conclusiones de la evaluación que realiza el Ejecutivo.
Pero el mensaje ya está lanzado. El Gobierno de Paz ha puesto bajo revisión una parte del Estado empresario boliviano y se dispone a cerrar aquello que considere inviable. Después de años de expansión de la presencia estatal, la nueva consigna es otra: adelgazar el aparato público antes de que su propio peso termine convirtiéndose en una carga aún mayor para las finanzas del país.
