SANTA CRUZ, 11 sep (El Libre Observador) — En Bolivia, un bloqueo de carretera puede ser mucho más que una carretera cerrada. Puede significar un camión detenido durante horas, alimentos que no llegan a un mercado, un paciente que no consigue llegar a un hospital o una carga de ganado que permanece varada en medio del conflicto. Sobre esa realidad, convertida durante años en una de las formas más frecuentes de presión social y política del país, Santa Cruz ha decidido levantar una barrera institucional.
La Gobernación cruceña promulgó este viernes una ley que pretende prevenir y atender los bloqueos de vías y garantizar la libre circulación en el departamento. La norma establece mecanismos de alerta temprana, coordinación entre instituciones y respuestas ante contingencias que puedan comprometer la movilidad de personas y mercancías.
El texto lleva un nombre largo, Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías, pero su propósito es sencillo,que las carreteras no sean el primer escenario al que llegue un conflicto y que, cuando este se produzca, existan mecanismos para reducir sus consecuencias.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, ha insistido en que la iniciativa no pretende convertir la protesta en un delito ni desconocer un derecho constitucional. “Esta ley no vulnera ningún tipo de derecho constitucional, como es el de la legítima protesta”, afirmó durante el acto de promulgación celebrado en la Casa de Gobierno de Santa Cruz.
La frontera que plantea la norma está, según sus impulsores, entre la protesta pacífica y aquellas acciones que terminan afectando los derechos de quienes no participan en el conflicto. La discusión no es menor en un país donde las carreteras han sido escenario habitual de reivindicaciones políticas, sindicales, campesinas y sectoriales.
Santa Cruz, además, tiene una particular sensibilidad ante las interrupciones de las rutas. Su economía depende en buena medida del movimiento permanente de productos agrícolas, alimentos, combustibles, ganado y mercancías hacia los mercados nacionales y las fronteras. Cuando las vías se cierran, el impacto no termina en el punto donde se instala una barricada.
La vicegobernadora Paola Aguirre resumió esa preocupación al hablar de pacientes, familias, transportistas y productores que quedan atrapados en conflictos en los que no participan. También apuntó a los efectos sobre los mercados, el empleo y las cadenas productivas y consideró que los bloqueos dañan la imagen internacional de Bolivia.
Aguirre llamó a erradicar lo que definió como la “cultura del bloqueo”. No planteó, sin embargo, una respuesta basada únicamente en la fuerza. La apuesta de la nueva norma, explicó, pasa por anticipar los conflictos y privilegiar el diálogo, el consenso y la búsqueda de acuerdos.
La ley fue construida durante más de tres meses mediante reuniones técnicas y mesas de concertación en las que participaron la Policía, equipos jurídicos de la Gobernación y de la Asamblea Legislativa Departamental, representantes de sectores productivos y miembros de la sociedad civil.
Entre sus herramientas figuran sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación institucional, además de mecanismos para proteger la vida y habilitar corredores humanitarios cuando las circunstancias lo requieran. El objetivo es que una protesta no termine convirtiéndose en una emergencia para quienes necesitan atravesar el territorio.
Pero la iniciativa no quiere quedarse en Santa Cruz. Durante el acto de promulgación surgió una propuesta con mayores implicaciones políticas: llevar la discusión a la Asamblea Legislativa Plurinacional y promover una ley nacional contra los bloqueos.
Álvarez sostuvo que los diputados y senadores cruceños deberían asumir esa tarea. La propuesta abre así un debate que excede la autonomía departamental y toca uno de los asuntos más sensibles de la política boliviana, hasta dónde puede llegar una medida de presión cuando entra en conflicto con otros derechos.
La nueva ley tiene todavía un largo camino antes de convertirse en una herramienta plenamente operativa. El Ejecutivo departamental dispone de 180 días para reglamentarla y posteriormente deberá avanzar en su aplicación a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico.
Santa Cruz ha puesto, de esta manera, nombre y estructura a un problema que durante años se ha resuelto en las carreteras, a menudo a fuerza de negociaciones improvisadas y con elevados costos económicos y sociales. La pregunta ahora será si una ley puede conseguir lo que hasta hoy no han logrado los acuerdos políticos: que la protesta siga teniendo un espacio legítimo sin que para hacerla escuchar sea necesario detener un país.
