LA PAZ, 18 sep (El Libre Observador).- El hemiciclo del Senado boliviano vivió este viernes una de esas sesiones que, sin estridencias ni pancartas, terminan marcando el destino económico de un país. Con el conteo de votos aún resonando en la sala, el secretario de la Cámara Alta pronunció la frase que sellaba meses de negociaciones discretas con Washington. «Hay el apoyo formal de dos tercios, señor presidente».
Minutos después, el presidente del Senado, Diego Ávila, remató el trámite con una fórmula tan burocrática como trascendente: «Queda aprobado el artículo único en su estación en grande y detalle, aprobada y sancionada la ley». Bolivia tenía ya, oficialmente, luz verde para recibir 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
La votación no fue una sorpresa. La Cámara de Diputados había allanado el camino la noche anterior con un respaldo similar, y el consenso entre oficialismo y oposición reflejaba algo más que disciplina partidaria: la conciencia compartida de que las reservas internacionales del país llevaban tiempo en caída libre y de que el margen para seguir improvisando se había agotado.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, se encargó de explicarlo sin rodeos ante los legisladores: el dinero, dijo, «viene exclusivamente para respaldar las reservas internacionales netas y la balanza de pagos». No para financiar gasto corriente. No para tapar agujeros del día a día. Para sostener, literalmente, la solvencia externa de un Estado que había visto cómo sus dólares se esfumaban al ritmo de la escasez de combustibles.
El presidente boliviano ha convertido este crédito en la piedra angular de su relato de gobierno, y no ha dudado en salir a defenderlo con la retórica directa que lo caracteriza. Días atrás, en un acto en Santa Cruz, resumió su visión con una frase que ya circula como mantra oficial. «Cuando estos señores llegan y te entregan casi 2.000 millones de dólares, no te están entregando para que te los gastes, te están entregando recursos para estabilizar, fortalecer y desarrollar tu economía».
Para Paz, el desembolso no es solo un préstamo, sino un espaldarazo político, la prueba de que las reformas de su Gobierno «se están llevando por buen camino».
El acuerdo, enmarcado en la Facilidad de Servicio Ampliado (SAF) del FMI, se extiende durante tres años y viene con condiciones que Bolivia deberá cumplir al pie de la letra: reducción del déficit fiscal y, en el horizonte de 2027, la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, una medida que en el pasado ha encendido protestas sociales en el país y que el Ejecutivo deberá administrar con cautela. El propio Morales lo planteó como un efecto dominó positivo.
El respaldo del Fondo, aseguró, podría destrabar más de 5.000 millones de dólares adicionales de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Banco Mundial, un salvavidas financiero que el Gobierno necesita para sostener su plan de reformas.
La ley aprobada este viernes no es solo un trámite contable. Obliga al Tesoro General de la Nación a asumir el repago de la deuda y exige al Ejecutivo rendir cuentas periódicas ante el Legislativo sobre cada dólar ejecutado, una salvaguarda que busca blindar el acuerdo de la opacidad que ha rodeado a otros procesos de endeudamiento en la región.
Con la norma lista para su remisión al Órgano Ejecutivo y su inminente promulgación, Bolivia entra en una nueva etapa: la de demostrar, con hechos y no solo con discursos, que el dinero del FMI cumplirá la promesa que Paz repite como consigna: estabilizar antes que gastar.
