SANTA CRUZ, 22 sep (El Libre Observador) — — El conflicto por el precio del diésel vuelve a poner a Bolivia ante el riesgo de una nueva paralización. Los choferes han decidido sacar sus vehículos de circulación el próximo lunes durante 24 horas y han advertido que, si el Gobierno no da marcha atrás, la protesta puede convertirse en un paro indefinido. La disputa por el combustible, que golpea directamente los costos del transporte, empieza así a trasladarse de los surtidores a las calles.
La decisión fue adoptada este martes en Santa Cruz durante un ampliado nacional de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. El sector rechazó el Decreto Supremo 5716, que establece el nuevo esquema de precios del diésel, y reclamó su abrogación.
El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, anunció la primera medida después de una reunión que comenzó a las 11:00 y que estuvo precedida por varios encuentros con autoridades nacionales. Los transportistas, que se encontraban en estado de emergencia, optaron finalmente por pasar de la advertencia a la movilización.
“Por eso, este ampliado nacional determina, como una protesta enérgica en contra de este decreto, rechazar categóricamente este decreto 5716 y pedir la abrogatoria correspondiente”, afirmó Gómez.
El lunes, las unidades quedarán replegadas durante 24 horas en todo el territorio nacional. No será una protesta limitada a un segmento del transporte: la medida alcanzará al servicio urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional, tanto de pasajeros como de carga.
“Por haber hecho, una vez más, hacerse la burla de todo el transporte boliviano, el día lunes, como medida de presión, se desplegará el parque automotor en todo el territorio nacional de 24 horas con todas sus modalidades correspondientes”, sostuvo el dirigente.
En Bolivia, donde buena parte de la movilidad cotidiana y del traslado de mercancías depende del transporte por carretera, una paralización nacional puede sentirse mucho más allá de los sindicatos. Una jornada sin autobuses, camiones y otros vehículos de servicio abre la posibilidad de afectar el desplazamiento de pasajeros y el abastecimiento de productos, aunque la magnitud del impacto dependerá del grado de cumplimiento de la medida.
La amenaza, sin embargo, no termina el lunes. Los transportistas han dejado abierta una escalada. Gómez afirmó que, si después de las 24 horas el Gobierno no atiende sus demandas, el sector evaluará nuevas acciones hasta llegar a un paro general indefinido.
“En caso de no ser escuchado en ese tiempo de las 24 horas, se revisará y se sumará gradualmente hasta llegar a un paro general indefinido”, afirmó.
La disputa tiene como telón de fondo el fin de la subvención al diésel, una de las medidas más sensibles del nuevo programa económico boliviano. Durante años, el precio subsidiado permitió contener parcialmente los costos del transporte, pero también representó una elevada carga para las cuentas públicas en un país que enfrenta una situación económica marcada por restricciones fiscales y dificultades en el abastecimiento de combustibles.
Para los transportistas, el nuevo precio amenaza con elevar sus costos de operación y repercutir en sus ingresos. Para el Gobierno, la modificación forma parte de un proceso de ajuste destinado a reducir el costo de la subvención y estabilizar las finanzas públicas.
Entre ambas posiciones queda ahora una carretera que puede convertirse en escenario de una nueva pulseada. Los choferes ya han fijado el primer día: el lunes. Y también han dejado clara la siguiente amenaza: si no hay respuesta, la protesta puede dejar de durar 24 horas.
