Santa Cruz, 23 feb (El Libre Observador) — Un revuelo de indignación ha sacudido a Santa Cruz y al comandante departamental de la Policía, Erick Holguín, tras la orden judicial que otorgó detención domiciliaria al condenado a 30 años de prisión por el feminicidio de Nancy Villarroel, Alejandro Torrico, y obliga a la vigilancia policial.
Holguín anunció que tomarán medidas legales ante esta situación que consideran profundamente preocupante.
El jefe policial no ocultó su malestar al dirigirse a los jueces responsables de la medida, señalando que la decisión de sacar a cuatro agentes policiales de sus tareas habituales para vigilar a un feminicida en su hogar es desconcertante y preocupante. «Estamos haciendo la representación legal por esto», agregó enfáticamente.
El exesposo de Nancy Villarroel, José Alejandro Torrico, sentenciado por su brutal asesinato, fue beneficiado con la detención domiciliaria por los jueces Marco Antonio Porres, Milenka Guillén y Lilian Zabala.
Esta medida ha generado consternación tanto en la familia de la víctima como en la comunidad, quienes cuestionan los motivos detrás de la decisión de liberar a un criminal con una sentencia tan grave sin derecho a indulto.
La noticia de la detención domiciliaria de Torrico ha caído como un golpe para la familia de Villarroel, quienes expresan su desconcierto ante la falta de claridad sobre los motivos que llevaron a las autoridades judiciales a permitir que el feminicida abandone el penal de Palmasola.
A pesar de la sentencia de 30 años, ahora se enfrentan a la angustiante realidad de tener al responsable de la muerte de su ser querido en un entorno menos restrictivo que una prisión, y bajo la vigilancia de la policía.
Este caso reaviva el debate sobre la efectividad y la equidad del sistema judicial en Bolivia, especialmente en lo que respecta a la protección de las víctimas de violencia de género y la imposición de penas justas para los perpetradores de crímenes atroces como el feminicidio.
