LA PAZ, 8 ago (El Libre Observador) — En un contexto de crecientes desafíos económicos en la región, Bolivia se destaca por mantener algunos de los precios de combustibles más bajos de Sudamérica, según un informe reciente del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Con la gasolina a $us 0,54 por litro y el diésel a $us 0,53, el país andino se posiciona como uno de los más accesibles en términos de costos energéticos. Sin embargo, esta política de precios subvencionados, impulsada por el Estado, ha generado tanto beneficios como complicaciones.
La asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Rocío Molina, destacó que la subvención estatal ha sido crucial para mantener estos precios bajos, en comparación con países vecinos como Argentina, Chile y Brasil, donde los costos del combustible son significativamente más altos.
A modo de ejemplo, en Chile, el precio de la gasolina alcanza los $us 1,40 por litro, casi el triple del precio boliviano.
No obstante, Molina advirtió sobre un problema que amenaza con socavar esta política: el contrabando. Según la funcionaria, la disparidad de precios con los países vecinos ha incentivado el desvío ilegal de combustibles, drenando millones de bolivianos del erario público.
“Estos recursos, que deberían destinarse a escuelas, hospitales y obras públicas, están siendo desviados por el contrabando, lo cual es inaceptable”, lamentó Molina.
La situación es aún más compleja debido a la dependencia del país en la importación de combustibles. Bolivia importa el 50% de la gasolina y el 85% del diésel que consume, lo que representa una carga financiera significativa para el Estado.
En este sentido, el gobierno de Luis Arce ha abierto un debate nacional, proponiendo un referéndum para decidir el futuro de las subvenciones a los hidrocarburos, una medida que podría redefinir la política energética del país.
Este debate es visto por muchos como necesario, dada la presión que las subvenciones ejercen sobre las finanzas públicas. La decisión que tome Bolivia en los próximos meses podría tener repercusiones no solo en su economía, sino también en su estabilidad social y en la lucha contra el contrabando que afecta a las arcas del Estado.
