COCHABAMBA, 10 oct (El Libre Observador) – La tensión política en Bolivia ha alcanzado un nuevo nivel de incertidumbre, luego de que líderes cocaleros del Chapare, bastión del expresidente Evo Morales, anunciaran este jueves bloqueos nacionales e indefinidos de carreteras si se emite una orden de aprehensión contra el exmandatario.
La amenaza y chantaje fueron claras: no solo se activarán protestas masivas, sino que el objetivo final será forzar la salida del presidente Luis Arce y convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
Este anuncio llega después de que Morales, citado a declarar en Tarija por una acusación de trata de menores, decidiera no presentarse, argumentando irregularidades en el proceso.
Su abogado, Nelson Cox, exviceministro y exdelegado Defensorial Departamental de Cochabamba, afirmó que no existen las garantías procesales necesarias para la comparecencia, lo que abrió la puerta a que se considere una orden de aprehensión en su contra.
Esta situación ha generado una reacción inmediata entre los dirigentes cocaleros, quienes han cerrado filas en torno a Morales y se preparan para enfrentar cualquier intento de detenerlo.
BLOQUEOS COMO ARMA POLÍTICA
El dirigente cocalero Vicente Choque, ejecutivo de la Federación Centrales Unidas, fue uno de los primeros en manifestar la postura del sector. Desde una vigilia en el Chapare, Choque aseguró que, si Morales es detenido, los bloqueos no solo serán una medida de protesta, sino un instrumento para desestabilizar al actual gobierno de Arce.
“Nosotros estamos ya en movilización. Esta vez, si tocan a Evo, no pararemos hasta sacar a Luis Arce del gobierno”, declaró con firmeza ante decenas de cocaleros.
Estas declaraciones fueron reforzadas por Leonardo Loza, senador y líder cocalero, quien con un megáfono en mano pidió a sus bases estar listas para ejecutar el bloqueo en las 16 provincias de Cochabamba y en los nueve departamentos del país.
Loza subrayó que el objetivo no es solo defender a Morales, sino desmantelar lo que perciben como un gobierno que ha perdido legitimidad ante la persecución política a su líder histórico.
El conflicto no solo expone la tensión entre los sectores cocaleros y el gobierno, sino que también refleja las fracturas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ambos líderes comparten.
Mientras que Evo Morales, desde el Chapare, busca mantener su influencia política, la administración de Luis Arce se encuentra en una encrucijada, intentando gestionar un país en medio de crisis económicas y presiones internas. Esta nueva amenaza de bloqueos añade una capa más de complejidad a un panorama ya agitado.
El dirigente David Veizaga, secretario general de la Confederación de Interculturales, fue categórico en una conferencia de prensa realizada en el Chapare: «No somos responsables de lo que vaya a pasar si tocan a Evo. Si lo detienen, inconstitucionalmente, tomaremos las calles y no nos detendremos hasta que Arce renuncie y se convoquen elecciones”.
Esta declaración deja en claro que, para los cocaleros, la defensa de Morales es innegociable, incluso si esto implica desestabilizar al actual gobierno del MAS.
Los bloqueos de carreteras son una táctica recurrente en las protestas sociales de Bolivia, y su impacto en la economía es inmediato y severo.
En 2020, similares movilizaciones lideradas por sectores cocaleros y afines al MAS paralizaron el país durante semanas, afectando la distribución de productos básicos y el transporte de mercancías. El costo económico de esos bloqueos ascendió a millones de dólares, con pérdidas significativas en sectores como la agroindustria, el comercio y el turismo.
De concretarse las nuevas movilizaciones, Bolivia podría enfrentar nuevamente una parálisis en su red vial que afectaría directamente al transporte de combustibles, alimentos y bienes esenciales. A
demás, la incertidumbre política podría agravar la salida de inversiones extranjeras, en un momento en que el país ya enfrenta desafíos macroeconómicos derivados de la escasez de divisas y la dependencia del gas natural.
