LA PAZ, 26 ago (El Libre Observador) – El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo revela un panorama preocupante en las cárceles bolivianas en la que se registra que el 41,26 por ciento de las mujeres privadas de libertad están detenidas por delitos vinculados a sustancias controladas, en su mayoría bajo la Ley 1008, que sanciona el tráfico de drogas.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya Aro, expuso este lunes en su programa radial la gravedad del problema, señalando que los vacíos en la Ley 1008, especialmente en el Artículo 49, han permitido un uso indiscriminado de la detención preventiva.
Además, el defensor manifestó que un dato alarmante es que el 65 por ciento de las reclusas aún no ha recibido una sentencia condenatoria, lo que refuerza la crítica sobre el abuso de la detención preventiva.
El informe también arroja luz sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchas de estas mujeres. Más del 55 por ciento de la población femenina en las cárceles bolivianas pertenece a grupos vulnerables, incluyendo madres, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y aquellas que viven con sus hijos menores de seis años dentro del penal.
A decir de Callisaya, en departamentos como Oruro (oeste), la situación es aún más crítica, con un 62 por ciento de las mujeres encarceladas por delitos de sustancias controladas.
Consideró que el aumento en la población penitenciaria femenina, que ha crecido un 12,5 por ciento en solo seis meses, refleja un sistema saturado y en crisis, donde los derechos humanos de las detenidas son vulnerados constantemente debido al hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos de salud y la insuficiencia de los prediarios destinados a su alimentación.
Callisaya no solo denunció estos problemas, sino que también hizo un llamado a las autoridades para abordar la crisis de manera integral.
Propuso la creación de una mesa de diálogo permanente que involucre a todos los actores relevantes, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y avanzar hacia una verdadera reinserción social. Con la mayoría de las mujeres detenidas concentradas en los centros penitenciarios del eje troncal de Bolivia conformado por los departamentos de Santa Cruz (este), La Paz (oeste) y Cochabamba (centro), Callisaya dijo que el país enfrenta una emergencia que requiere una respuesta inmediata y coordinada.
