LA PAZ, 4 sep (El Libre Observador) – El gobierno boliviano dio este miércoles un nuevo impulso a la ejecución de obras públicas al aprobar un decreto supremo que permite a gobernaciones, municipios y empresas públicas concesionar proyectos de infraestructura.
Esta medida, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa, busca dinamizar la inversión y agilizar la construcción de obras en todo el país.
“En términos de que las Entidades Territoriales Autónomas y también las empresas públicas, van a poder tener la posibilidad de hacer concesiones en las obras públicas”, dijo Montenegro.
Con esta nueva normativa, las entidades territoriales autónomas (ETA) tendrán mayor flexibilidad para llevar a cabo proyectos de envergadura, como la construcción de carreteras, puentes y obras de saneamiento básico. Anteriormente, el marco legal sólo permitía la concesión de servicios, limitando las opciones de financiamiento y ejecución de obras públicas.
Según Montenegro, este cambio normativo permitirá a los gobiernos subnacionales adaptar los proyectos de infraestructura a las necesidades específicas de cada región, fomentando así una mayor participación de la inversión privada, orientada a dinamizar la economía interna.
Sin embargo, esta medida también plantea desafíos. La concesión de obras públicas, dijo Montenegro, requiere de una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, así como de mecanismos de control para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los proyectos.
El ministro detalló que, si alguna gobernación o municipio desea concesionar la construcción de una obra carretera, por ejemplo, “lo va a poder hacer en términos de lo que establece este decreto supremo”.
“Además, van a tener que determinar y ser responsables de elementos como aquellos relacionados con el contrato, condiciones del mismo, evaluación, selección, adjudicación, las garantías y todas las condiciones que tienen estos contratos de concesión”, aseveró.
Manifestó que será fundamental que las gobernaciones y municipios cuenten con las capacidades técnicas y financieras necesarias para llevar a cabo estos procesos de concesión. Además, se deberá establecer un marco regulatorio claro y transparente para evitar posibles casos de corrupción y asegurar que los intereses de la población estén protegidos.
