LA PAZ, 5 sep (El Libre Observador) – Un controvertido episodio sacudió la agenda política boliviana este jueves cuando el diputado Héctor Arce, conocido por su alineación con la facción «evista» del Movimiento al Socialismo (MAS), irrumpió sin autorización en la Planta de Almacenamiento y Transformación de Cereales de Viacha.
La acción, que Arce justificó bajo el argumento de una fiscalización, ha desencadenado una respuesta contundente por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que anunció un proceso penal por allanamiento contra el legislador.
El incidente ha generado un intenso debate sobre los límites del poder legislativo y las acciones de fiscalización. El diputado Arce criticó abiertamente el funcionamiento de la planta, denunciando que, a pesar de haber sido inaugurada el 29 de mayo por el presidente Luis Arce, no se está produciendo harina ni fideos, productos que deberían abastecer al mercado boliviano.
«No hay trigo en los silos, ni maquinaria en funcionamiento», afirmó Arce, quien recorrió las instalaciones sin la autorización de los responsables de la planta. También señaló que las bolsas almacenadas no habrían sido procesadas en ese lugar, insinuando posibles irregularidades en la producción.
La respuesta de Emapa no tardó en llegar. El gerente de la empresa estatal, Franklin Flores, condenó la acción del diputado, comparándola con el comportamiento de «una persona en estado de ebriedad», y aseguró que la planta está en un proceso de calibración y tramitación de registros sanitarios.
Flores enfatizó que, aunque la planta ha realizado pruebas con carga, su operación regular aún no ha comenzado debido a la complejidad de la puesta en marcha. Además, destacó la importancia de esta planta en la producción de harina para garantizar el suministro del pan a precios accesibles.
Anunció que presentará una denuncia penal contra Héctor Arce por allanamiento, y a título personal, una demanda por calumnias. «Un diputado tiene sus límites», afirmó, haciendo un llamado al Ministerio Público para que active el proceso de inmediato.
Además, aseguró que la planta está abierta para que medios de comunicación y autoridades verifiquen su estado actual, siempre que se respeten las normas de seguridad industrial, las cuales el legislador ignoró al entrar sin la debida protección.
Este enfrentamiento no solo refleja una tensión interna dentro del MAS, sino que también pone de relieve las expectativas económicas y sociales depositadas en la planta de Viacha. Con la promesa de producir harina y fideos para garantizar el acceso al «pan de batalla» a precios controlados, la planta de Viacha es un proyecto clave en la política alimentaria del gobierno de Luis Arce.
No obstante, la demora en su funcionamiento ha generado incertidumbre, en un contexto donde la estabilidad en la producción de alimentos es crucial para evitar alzas de precios y desabastecimiento.
El contrato entre Emapa e Insumos Bolivia, que prevé la entrega de 60 mil toneladas de trigo a la planta, es un paso estratégico para garantizar el abastecimiento del cereal. Sin embargo, las acusaciones lanzadas por Héctor Arce, combinadas con la denuncia penal de Emapa, podrían enturbiar los avances en este proyecto.
