LA PAZ, 30 sep (El Libre Observador) —El Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres ha fijado para el 14 de octubre el comienzo del juicio oral y presencial del juicio por el caso Golpe de Estado I en contra de varios actores clave de los convulsos eventos que llevaron a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Entre los acusados se encuentra la exmandataria Jeanine Áñez, quien ya cumple una sentencia por su rol en el caso Golpe de Estado II, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue aprehendido preventivamente a finales de 2022.
El proceso judicial gira en torno a las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración, presentadas inicialmente por la exdiputada Lidia Patty, del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
El juicio promete ser uno de los eventos políticos y judiciales más significativos de los últimos años en Bolivia, reviviendo las tensiones en torno a la salida de Morales del poder, un episodio marcado por acusaciones de fraude electoral, movilizaciones sociales y una intervención militar que provocó la renuncia del entonces presidente.
Jeanine Áñez ha sido citada a comparecer en la audiencia, a pesar de las críticas de su equipo legal, que sostiene que estos procesos deberían ser juzgados mediante un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.
Luis Guillén, abogado defensor de Áñez, insistió en la ilegalidad de la decisión de mantener el juicio de forma presencial y afirmó que se está vulnerando el derecho de la exmandataria, quien ha estado detenida de forma preventiva desde marzo de 2021.
El juicio se da en un contexto de alta polarización política. Mientras el gobierno de Luis Arce mantiene que los eventos de 2019 constituyeron un golpe de Estado orquestado por sectores cívicos y políticos, la oposición y varios analistas internacionales señalan que la renuncia de Morales fue consecuencia de una movilización legítima en respuesta a las irregularidades denunciadas en las elecciones presidenciales de octubre de ese año.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre esas elecciones concluyó que hubo manipulación dolosa de los resultados, lo que intensificó las protestas y condujo a la anulación de los comicios.
El juicio también incluye a Luis Fernando Camacho, una figura central en las protestas de 2019 como presidente del Comité pro Santa Cruz, y a Marco Antonio Pumari, líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Ambos jugaron un papel protagónico en las movilizaciones que exigían la renuncia de Morales, lo que derivó en el enfrentamiento entre sectores opositores y el gobierno.
La sentencia de Áñez en el caso Golpe de Estado II, que la condenó a 10 años de prisión, ya ha generado intensos debates en la opinión pública. Ahora, con este nuevo proceso judicial, se prevé que las tensiones políticas aumenten, mientras el país sigue enfrentando los fantasmas de su reciente historia política.
El juicio del 14 de octubre será un momento decisivo para evaluar la narrativa oficial de lo sucedido en 2019 y el futuro de los acusados, cuyas decisiones en ese momento transformaron el escenario político boliviano.
