LA PAZ, 15 ene (El Libre Observador) — En un país tensionado por casi tres semanas de huelgas y bloqueos, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reafirmó el derecho constitucional a la protesta, pero estableció un límite inequívoco: el uso de dinamita en las movilizaciones será castigado con cárcel. La advertencia, pronunciada en un contexto de alta conflictividad social, busca marcar distancia entre la protesta legítima y prácticas que ponen en riesgo la vida de la población.
Las declaraciones del mandatario se producen tras 20 días de movilizaciones contra el decreto 5503, que eliminó la subvención a los hidrocarburos y activó medidas económicas de ajuste. En La Paz y El Alto, las protestas dejaron daños en vías públicas por la utilización de explosivos, principalmente por parte de mineros sindicalizados, según reportes oficiales.
“Todo el mundo tiene derecho a protestar y a reclamar, eso es constitucional. Lo que no puedo es poner en riesgo tu vida”, sostuvo Paz ante la prensa, al ser consultado sobre los proyectos de ley que buscan sancionar penalmente los bloqueos de caminos. “El que use cachorro de dinamita y ponga en riesgo la vida de un boliviano se va a ir a la cárcel”, remarcó.
El jefe de Estado formuló estas advertencias durante un acto de homenaje a los caídos de la calle Harrington, donde, junto a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), recordó a los ocho líderes asesinados el 15 de enero de 1981 durante el régimen militar de Luis García Meza. Al evocar a los “mártires” de Harrington, Paz afirmó que la violencia por pensar diferente no puede repetirse en la Bolivia actual, o su sacrificio “habría sido en vano”.
El presidente insistió en que la protesta es una herramienta legítima de la democracia, pero rechazó de forma tajante el uso de explosivos como mecanismo de presión o intimidación. Comparó esa práctica con la corrupción, al señalar que “le hace daño a la patria” y erosiona la convivencia entre bolivianos.
Paz reiteró que su Gobierno no pretende prohibir la protesta social, pero sí evitar cualquier acción que genere violencia o ponga en riesgo a terceros. En ese marco, llamó a reconstruir una “cultura de confianza y diálogo”, en un momento en el que —admitió— la imagen del país se ha visto afectada en el exterior.
Según el mandatario, en 2024 y 2025 Bolivia captó menos inversión extranjera porque fue percibida como un “país bloqueador”, una reputación que, dijo, desincentiva la llegada de dólares y agrava la fragilidad económica. El Ejecutivo sostiene que la conflictividad recurrente tiene un alto costo para la economía nacional.
En línea con ese diagnóstico, el Gobierno anunció su respaldo a iniciativas legislativas para sancionar penalmente los bloqueos de caminos, una forma histórica de protesta en Bolivia. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que el Ejecutivo apoyará cualquier proyecto que busque frenar esta práctica y detalló que los bloqueos generan pérdidas estimadas en 20 millones de dólares diarios, una cifra que, según dijo, duplica el ahorro diario obtenido por la eliminación del subsidio a los carburantes.
En el Parlamento, al menos tres proyectos de ley plantean endurecer las sanciones, con penas de hasta 20 años de prisión y la tipificación de los bloqueos como delitos contra la seguridad alimentaria y la salud. Este jueves, el Senado aprobó, por dos tercios, que una comisión integrada —conformada por las comisiones de Constitución y de Justicia Plural— se encargue de tratar el proyecto antibloqueo mediante diálogo con sectores económicos y sociales.
La senadora Claudia Mallón explicó que la comisión permitirá instalar mesas técnicas e invitar a organizaciones sociales, empresarios y productores para debatir la norma. Aseguró que no se busca cercenar el derecho a la protesta, sino abordar los perjuicios que provocan los bloqueos.
La iniciativa, sin embargo, genera un fuerte rechazo sindical. La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Choferes y el Magisterio Urbano consideran que el bloqueo es una medida reivindicativa de última instancia ante la falta de respuestas estatales. “Pretenden castigar esas herramientas de lucha. No se equivoquen, hay un pueblo vigilante”, advirtió el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.
La COB recordó que los bloqueos recientes forzaron la abrogación del decreto 5503 mediante el decreto 5516, en cumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno para levantar las medidas de presión. En la misma línea, el exdirigente campesino Humberto Claros calificó la propuesta de ley como “un recurso de odio a la protesta popular” y la tildó de propia de “un gobierno dictador”.
En contraste, sectores empresariales y productivos, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), exigen garantizar carreteras expeditas durante todo el año y advierten que los bloqueos generan pérdidas millonarias.
Entre la defensa del derecho a protestar y la advertencia de cárcel para la violencia, el Gobierno intenta fijar una línea roja en un país donde la movilización social es parte central de la vida política. El desenlace legislativo marcará si ese equilibrio puede sostenerse sin profundizar la polarización.
