Por Carmelo Marín Ruiz
LA PAZ, 16 ene (El Libre Observador) –La política boliviana suele estar marcada por controversias que ponen en jaque los límites entre lo público y lo personal. Publicaciones en las páginas oficiales de entidades estatales como el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Procuraduría General del Estado, la Gobernación de La Paz y otras han generado preguntas cruciales sobre ética y transparencia. Estas plataformas han destacado títulos académicos de sus máximas autoridades —maestrías, doctorados, licenciaturas y otros— como si estos logros personales fueran prioridades institucionales.
En las notas de prensa de estas instituciones, es recurrente la mención de títulos como «máster» (MSc), «doctor» (Dr.), «licenciado» (Lic.) y «diplomado en altos estudios superiores» (DAEM) y otros. Sin embargo, en muchos casos, la ciudadanía espera información sobre gestiones concretas y no sobre credenciales académicas. En ciertos ejemplos, incluso se designa como «doctor» a funcionarios que, en realidad, solo cuentan con títulos de licenciatura, evidenciando una falta de rigor en la comunicación oficial.
Un caso emblemático ocurrió en la Gobernación de Tarija, donde las publicaciones se refieren a la esposa del gobernador como “primera dama departamental Dra. Ruth Ponce”, dando un matiz protocolar innecesario a un título académico en un contexto institucional.
POLÉMICA EN LAS PLATAFORMAS PÚBLICAS
El problema no es trivial. Las plataformas oficiales, financiadas con recursos públicos, deben centrarse en promover políticas públicas, avances institucionales y mensajes de interés colectivo. Destacar títulos académicos o logros personales de las autoridades no solo desvirtúa este propósito, sino que también genera un evidente conflicto ético.
Cuando estas páginas oficiales destacan eventos personales como la finalización de un curso de maestría, el límite entre lo institucional y lo privado se torna difuso. Esta práctica, que no es nueva en la política boliviana, evidencia una preocupante tendencia de algunos funcionarios a usar recursos estatales para autopromoción. ¿Es legítimo que un funcionario utilice la maquinaria comunicacional del Estado para resaltar sus logros y títulos personales?
Desde una perspectiva ética, estas acciones son reprobables, incluso si las intenciones parecen inofensivas. No se trata solo de legalidad, sino de respeto por los principios fundamentales de transparencia y responsabilidad.
El uso de plataformas públicas para promocionar títulos académicos refleja una desesperación por permanecer relevantes y construir una narrativa de poder que busca legitimidad más en la imagen que en los resultados. Estas publicaciones parecen diseñadas para destacar logros individuales que poco o nada aportan al bien común.
En lugar de fortalecer la confianza ciudadana, estas prácticas contribuyen a una percepción de opacidad y desvían la atención de problemas más urgentes, como la crisis económica y los efectos del cambio climático.
UNA SOLUCIÓN NECESARIA
Es imperativo regular con mayor rigor el uso de los canales oficiales de comunicación. Bolivia necesita establecer normas claras que delimiten su propósito exclusivo a la difusión de información institucional y de interés colectivo.
Los funcionarios públicos deben recordar que su liderazgo no se mide por sus méritos individuales, sino por su capacidad de generar bienestar para la sociedad. Liderar con el ejemplo implica respetar los principios éticos y de transparencia que exigen sus cargos.
El verdadero liderazgo no consiste en exhibir títulos, sino en implementar cambios tangibles que beneficien a la ciudadanía. Si no trazamos una línea clara entre lo público y lo privado, seguiremos alimentando una cultura política que prioriza la imagen sobre el impacto, y el ego sobre la ética.
La reflexión es simple pero contundente: lo público pertenece a todos y, como tal, debe ser tratado con la seriedad y el respeto que merece.
