LA PAZ, 2 oct (El Libre Observador) — En respuesta a las dificultades económicas que enfrentan miles de ciudadanos afectados por desastres naturales y conflictos sociales, el gobierno de Bolivia aprobó este miércoles un decreto supremo que permitirá a los deudores en el sistema financiero reprogramar sus obligaciones bancarias.
El presidente Arce anunció que el decreto está orientado a quienes voluntariamente soliciten el refinanciamiento de sus créditos, subrayando que las entidades financieras y las empresas de arrendamiento deben evaluar cada caso para ofrecer soluciones flexibles.
“Hoy aprobamos un decreto que dispone que las Entidades de Intermediación Financiera y las Empresas de Arrendamiento Financiero atiendan y evalúen las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación de las operaciones de crédito de los deudores que voluntariamente lo requieran”, informó el presidente Luis Arce mediante sus redes sociales.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó en conferencia de prensa que esta norma tiene el objetivo es ayudar a los prestatarios a retomar el control de sus finanzas y estabilizar sus negocios o economías familiares, golpeados por el cambio climático y los conflictos sociales.
Dijo que la medida permitirá a los deudores con plazos residuales de hasta dos años extender su periodo de pago hasta cinco años. Además, para aquellos con créditos de mayor duración, las condiciones de refinanciamiento seguirán las directrices establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
“Estamos brindando una opción voluntaria para que los afectados accedan a un respiro financiero que les permita hacer frente a sus deudas en condiciones más manejables”, señaló Montenegro.
El ministro destacó que el decreto busca apoyar principalmente a sectores vulnerables como microempresarios y gremiales, quienes solicitaron esta medida debido a las dificultades que enfrentan para cumplir con sus obligaciones.
El decreto establece que todas las entidades financieras y empresas de arrendamiento deben agilizar sus procesos de análisis crediticio, implementando tecnologías y procedimientos simplificados. Esta normativa, además, incluye periodos de gracia, inamovilidad de calificación de riesgo, y la posibilidad de que los prestatarios en mora tengan más tiempo para evitar acciones legales.
La directora de la ASFI, Ivette Espinoza, detalló que los deudores tendrán la opción de modificar los términos originales de sus créditos, acordando nuevos plazos, tasas de interés y cuotas de pago adaptadas a su situación actual.
La aprobación de este decreto, dijo que refleja la respuesta del gobierno boliviano a una crisis que va más allá de lo económico, abordando los impactos directos del cambio climático y los conflictos sociales en la vida de los ciudadanos.
