LA PAZ, 12 may (El Libre Observador) — La Fiscalía boliviana presentó este lunes una acusación formal contra el excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, y otras 21 personas, a quienes señala como responsables del intento de golpe de Estado ocurrido el 26 de junio de 2024, un episodio que estremeció la estabilidad institucional del país y que marcó uno de los mayores desafíos al orden constitucional en los últimos años.
La acusación incluye cargos por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía solicita al tribunal competente que, una vez concluido el juicio oral, se dicte una sentencia condenatoria para los acusados, ya sea como autores o cómplices de los delitos.
“El Ministerio Público solicita que el tribunal emita una sentencia condenatoria conforme al artículo 365 del Código de Procedimiento Penal”, se lee en el documento judicial.
Los principales procesados, en calidad de autores, son altos exmandos militares, entre ellos: Zúñiga, Juan Arnez, excomandante de la Armada; Marcelo Zegarra, de la Fuerza Aérea; Edison Irahola, exjefe de la División Mecanizada; y otros oficiales y suboficiales. A ellos se suman también varios civiles y activistas, como Fernando Hamdan, señalados en grado de complicidad.
Según la Fiscalía Departamental de La Paz, los acusados planificaron y ejecutaron acciones militares con el objetivo de alterar el orden democrático, movilizando tropas armadas y vehículos blindados hacia la plaza Murillo, centro del poder político en La Paz.
La rápida reacción de las fuerzas leales al gobierno del presidente Luis Arce impidió que el levantamiento se concretara, en lo que el Ejecutivo calificó como un intento fallido de golpe de Estado.
El caso, que ha sido denominado judicialmente como la «asonada militar», continúa en fase de investigación ampliada. Más de 100 personas han sido implicadas en el proceso penal hasta la fecha, incluyendo una veintena que se encuentran bajo detención preventiva.
Entre ellas destacan al menos cinco altos mandos dados de baja de forma definitiva por su presunta participación.
La Fiscalía ha incorporado nuevas imágenes, videos y declaraciones presentadas por los propios involucrados, que podrían aportar evidencia clave para reconstruir la cadena de mando y los niveles de participación en la intentona golpista. La acusación oficial marca un paso crucial hacia la apertura del juicio oral, cuya fecha será definida en los próximos días por el Tribunal de Sentencia.
Mientras tanto, la defensa de los acusados ha cuestionado el proceso judicial, calificándolo de «politizado», mientras que el gobierno ha reafirmado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la preservación del orden constitucional.
Este episodio reaviva el debate en Bolivia sobre la relación entre fuerzas armadas y poder civil, en un contexto político tenso de cara a las elecciones generales convocadas para agosto de 2025.
