LA PAZ, 30 oct (El Libre Observador) – La tensión entre las fuerzas de seguridad bolivianas y los pobladores del municipio fronterizo de Desaguadero, en la frontera con Perú, quedó expuesta este miércoles durante un operativo militar contra el “contrabando a la inversa” de alimentos, combustible y otros productos bolivianos.
En un video que circula en redes sociales, se observa cómo un grupo de ciudadanos, afectados por las restricciones, increpa a los soldados desplegados en el área. “¿De qué vamos a vivir? Nosotros somos bolivianos”, exclamó uno de los presentes, reclamando el impacto que las medidas de control han tenido sobre su economía local.
La situación refleja una creciente resistencia de los habitantes de esta zona fronteriza, para quienes el comercio informal representa una de las pocas opciones de ingresos.
Este fenómeno de “contrabando a la inversa” –la salida ilegal de productos bolivianos hacia países vecinos como Perú– se ha convertido en una preocupación para el gobierno de Luis Arce, ya que la fuga de alimentos básicos impacta en los precios y el suministro en el mercado interno. El contrabando de productos como azúcar, harina y arroz ha generado un desbalance en la oferta nacional, aumentando los costos para las familias bolivianas.
El gobierno boliviano, consciente de las consecuencias económicas y sociales, ordenó el pasado 7 de octubre la militarización de varias zonas fronterizas.
Según el Ministerio de Defensa, este despliegue busca no solo contener el contrabando, sino también frenar la especulación de precios que afecta principalmente a sectores vulnerables.
Los militares, en su papel de “guardianes de la frontera”, enfrentan una tarea compleja: mantener el control de un comercio ilegal que, para los pobladores, es casi indispensable. “Somos guardianes de la frontera”, respondió un efectivo militar ante las críticas, lo que provocó una reacción aún mayor de quienes estaban presentes.
El río Desaguadero, que sirve como línea divisoria natural entre Bolivia y Perú, es uno de los puntos clave para el contrabando. Desde sus orillas, los contrabandistas transportan productos nacionales hacia el exterior y reciben mercancías peruanas, evadiendo controles aduaneros de ambos países.
Aunque en el video no se registran enfrentamientos violentos, el ambiente de descontento se hizo evidente en las palabras de los ciudadanos, quienes exigen que se les permita mantener esta actividad para garantizar su sustento.
Los esfuerzos del gobierno boliviano para controlar esta práctica responden a un contexto económico desafiante. En los últimos meses, Bolivia ha experimentado una inflación en el precio de los alimentos que amenaza la estabilidad de los hogares más pobres.
Además, el aumento de precios y la escasez de productos nacionales generan presión social y política en el país. De no implementarse controles estrictos, los precios de la canasta básica podrían continuar al alza, agravando la situación.
Para los pobladores de Desaguadero, sin embargo, estas preocupaciones económicas nacionales contrastan con su realidad cotidiana. “Nosotros somos los verdaderos guardianes”, replicó uno de ellos, cuestionando la presencia de los efectivos y sugiriendo que, en tiempos de pandemia, la frontera estuvo desprotegida.
Este reclamo subraya la tensión que existe entre las políticas gubernamentales y las necesidades de una región en la que el comercio informal, aun con sus riesgos, es parte esencial de la economía local.
Este operativo en Desaguadero pone de manifiesto las complejidades de la lucha contra el contrabando en Bolivia, donde los intereses económicos y las realidades fronterizas desafían continuamente la autoridad del Estado.
La militarización, por ahora, es solo el primer paso en un plan más amplio para estabilizar el mercado nacional y proteger el poder adquisitivo de los bolivianos; sin embargo, el gobierno tendrá que lidiar con la resistencia de comunidades enteras para lograr sus objetivos sin generar mayor conflicto social.
