LA PAZ, 13 sep (El Libre Observador) — El gobierno boliviano reafirmó este viernes su intención de avanzar con el referéndum propuesto sobre la subvención de combustibles y la reelección presidencial, tras las observaciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, anunció en conferencia de prensa que un equipo jurídico ajustará las preguntas reformuladas que fueron objetadas por el organismo electoral.
Subrayó que el costo de realizar el referéndum sería mínimo en comparación con los gastos del Estado en la subvención de combustibles, afirmando que el gasto extra “no representa ni el 1 por ciento de lo que demanda la subvención de diésel y gasolina”. Esta afirmación resalta la estrategia del gobierno de justificar la consulta como una medida económica razonable en el contexto del gasto público.
El presidente Luis Arce busca someter a votación popular la continuidad de los subsidios a la gasolina y diésel, además de zanjar la posibilidad de una reelección presidencial. No obstante, las preguntas originales enviadas al TSE han sido objeto de una primera observación por falta de claridad y precisión, lo que ha obligado al gobierno a restar una pregunta y reformular tres preguntas, pero igualmente fueron nuevamente objetadas.
El TSE refutó las preguntas debido a que términos como “gradualmente” y el uso del verbo “levantar” resultaban ambiguos y abiertos a interpretaciones erróneas.
Según el tribunal, no se precisaba cómo y en qué plazos se implementarían las medidas propuestas, lo que generaba incertidumbre tanto en términos temporales como económicos. Además, la tercera pregunta fue considerada inapropiada para un referéndum presidencial, ya que su redacción se asemeja más a un Referendo Constitucional Aprobatorio, lo que amerita reformas.
El viceministro Torrico reconoció que el gobierno deberá precisar mejor las interrogantes planteadas para garantizar que sean claras para la ciudadanía. “El tribunal pide que seamos más concretos”, admitió el viceministro y dijo que las nuevas preguntas podrían ser más directas y específicas.
Aunque inicialmente se esperaba que el referéndum se realice junto a las elecciones judiciales el 1 de diciembre, el TSE descartó esta posibilidad debido a que los plazos legales para la convocatoria ya han expirado.
Esto obliga al gobierno a considerar una nueva fecha para la consulta, en un contexto de creciente debate sobre los costos y beneficios de las políticas de subsidio y la reelección presidencial.
Torrico enfatizó que la decisión del gobierno de seguir adelante con la consulta, a pesar de las objeciones, refleja su compromiso y apertura de la participación popular.
