LA PAZ, 12 jun (El Libre Observador) — En Bolivia, la historia parece reescribirse con la tinta de sangre del conflicto. A once días del inicio de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores leales al expresidente Evo Morales, el país suma cinco personas fallecidas —cuatro policías y un civil—, más de un centenar de heridos y una fractura política cada vez más profunda que deja incertidumbre de cara a las elecciones de agosto.
El último deceso confirmado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público, corresponde a un comunario del departamento de Cochabamba, quien, según el Gobierno, murió al manipular un artefacto explosivo.
La directora del IDIF, Ana Katherine Ramírez, informó que el balance nacional asciende a cinco víctimas mortales, tras la jornada más violenta registrada el miércoles en poblaciones como Llallagua, en Potosí, y en la región central de Cochabamba.
Las rutas bloqueadas, la escasez de alimentos en mercados del occidente y las imágenes de policías emboscados por multitudes armadas con dinamita, piedras e incluso armas de fuego reflejan una tensión que desborda el plano político.
En juego no está solo la viabilidad del gobierno de Luis Arce, heredero político de Morales, sino también el control de una narrativa nacional fragmentada entre pasado y futuro, entre el caudillismo y una institucionalidad aún en construcción.
MORALES VS. ARCE: UNA PUGNA CON VÍCTIMAS CIVILES
Lejos de una movilización unificada por demandas económicas o sociales, el pedido de habilitación de Morales para los comicios y el pedido de la renuncia de Arce, los actuales bloqueos responden a una disputa interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia sin interrupciones entre 2006 y 2019 y que aún detenta gran parte del poder local y parlamentario.
El presidente Arce, que llegó al poder con el respaldo de Morales en 2020, se ha distanciado de su antiguo mentor, quien ahora busca ser habilitado nuevamente como candidato en las elecciones generales de 2025.
Este intento ha sido bloqueado por una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe la reelección indefinida, además, de quitarle el liderato del MAS, ha desatando la furia del ala “evista” que acusa a Arce de traicionar al proceso político iniciado hace dos décadas.
“El Estado no se va a detener y hará prevalecer la justicia”, afirmó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, al responsabilizar directamente a Morales por los disturbios. Mientras tanto, la narrativa oficial gira en torno a la defensa del orden constitucional, con Arce asegurando que no renunciará y que hará uso de “todas las facultades constitucionales” para restablecer la paz.
Pero en las calles, la historia es otra: policías jóvenes —con apellidos quechuas y aymaras— enviados a las líneas de fuego; comunarios pobres manipulando explosivos; poblaciones divididas entre la lealtad a Morales y la esperanza de un gobierno que aún no logra responder a la crisis económica con políticas concretas.
LA ECONOMÍA COMO TELÓN DE FONDO
Si bien el conflicto actual es eminentemente político, el malestar social tiene también raíces económicas. Bolivia atraviesa uno de sus momentos más complejos desde la salida de Morales en 2019.
La caída de las reservas internacionales, la escasez de dólares, la inflación contenida a base de subsidios y un déficit fiscal persistente han puesto en entredicho el modelo económico basado en el control estatal de los recursos naturales.
Los bloqueos han agravado el panorama: alimentos y combustibles escasean en varias regiones, y los precios se disparan en mercados populares. “No se puede traer ni papa ni zanahoria, menos carne de pollo”, se queja una vendedora en la zona norte de La Paz. El Gobierno ha comenzado a enviar convoyes militares con insumos, pero la situación sigue siendo crítica.
¿UNA NUEVA CRISIS COMO LA DE 2019?
Las comparaciones con la crisis poselectoral de 2019, que obligó a Morales a renunciar tras denuncias de fraude, no se han hecho esperar. Entonces, 36 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad ordenadas por la presidenta interina Jeanine Áñez. Hoy, el temor a una nueva espiral de violencia ha encendido las alarmas.
Pero a diferencia de aquel momento, la polarización actual no enfrenta a oficialismo y oposición, sino a dos sectores del mismo movimiento político, que se acusan mutuamente de traición, autoritarismo y corrupción.
“Esta no es una lucha contra la derecha, sino una guerra intestina entre quienes quieren el poder absoluto”, resume Hugo Gutiérrez, un analista local.
A medida que avanzan los días, los bloqueos se radicalizan y las posturas se endurecen. Morales no ha llamado a levantar las medidas, a cambio advirtió con más muertes si continúa el desbloqueo de caminos con militares y policías, en tanto, Arce insiste en que no cederá, no renunciará y continuará con los operativos de desbloqueo.
La posibilidad de una negociación aún parece lejana. Entretanto, los muertos se acumulan, los alimentos escasean y Bolivia vuelve a mirar al abismo que creyó haber dejado atrás.
