LA PAZ, 7 may (El Libre Observador) — En medio de la presión económica que atraviesa Bolivia y con un horizonte marcado por la escasez de divisas, el Gobierno de La Paz ha decidido mover una de las piezas más sensibles de su estructura estatal: el control de la electricidad. El Ejecutivo presentó este jueves una nueva propuesta de Ley de Electricidad y Energías Renovables que promete transformar el modelo energético boliviano, abrir espacio a la inversión privada y acelerar la transición hacia fuentes limpias en un país históricamente dependiente del gas natural.
La escena ocurrió en un salón gubernamental de La Paz, donde los ministros José Luis Lupo, de la Presidencia, y Marcelo Blanco, de Hidrocarburos, defendieron una reforma que el oficialismo describe como “estructural”. El mensaje fue directo: Bolivia necesita inversión, seguridad jurídica y un nuevo modelo energético para enfrentar la desaceleración económica y recuperar confianza.
“El déficit fiscal solo puede ser corregido mejorando los ingresos, y eso llegará con inversiones”, afirmó Lupo, mientras el Gobierno intenta proyectar una imagen de estabilidad en un contexto de creciente incertidumbre económica.
La propuesta no es solo técnica. También es política. Durante casi dos décadas, Bolivia consolidó un modelo económico basado en la fuerte presencia estatal en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y energía. Ahora, en un giro significativo, el Ejecutivo reconoce que el esquema vigente quedó rezagado frente a las nuevas dinámicas regionales y tecnológicas.
“Pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo”, sostuvo Blanco, al explicar que la futura ley permitirá una mayor participación privada en generación, comercialización y desarrollo de proyectos energéticos.
La iniciativa plantea introducir mecanismos de subasta para proyectos renovables, incorporar comercializadores de energía y fomentar nuevas tecnologías como almacenamiento eléctrico y generación distribuida, un concepto todavía incipiente en Bolivia, pero ampliamente desarrollado en otros países de América Latina.
Detrás del discurso modernizador aparece también una urgencia económica. Bolivia enfrenta una reducción sostenida de ingresos por exportación de gas, la principal fuente histórica de divisas del país. La caída de reservas internacionales y la creciente presión sobre el tipo de cambio han obligado al Gobierno a buscar nuevas fuentes de inversión y crecimiento.
En ese tablero, la energía emerge como una de las apuestas centrales.
El Ejecutivo quiere además transformar a Bolivia en un nodo regional de integración eléctrica, aprovechando su posición geográfica en el corazón de Sudamérica. El plan contempla ampliar las líneas de transmisión internacional y conectar el sistema boliviano con países vecinos para exportar electricidad en el futuro.
La idea de convertir al país en un “hub energético” regional refleja una ambición que va más allá del abastecimiento interno: busca reposicionar a Bolivia dentro del mapa energético sudamericano en momentos en que la transición ecológica redefine prioridades globales.
Sin embargo, el proyecto todavía deberá atravesar un terreno político complejo. La ley será enviada a una Asamblea Legislativa fragmentada y marcada por disputas internas dentro del propio oficialismo, además de una oposición que cuestiona la gestión económica gubernamental.
El Ejecutivo anunció que iniciará un proceso de socialización con actores del sector energético y organizaciones civiles antes de remitir el texto final al Parlamento. El desafío será convencer tanto a empresarios como a sectores sociales de que la apertura energética no implica un abandono del rol estatal, un tema especialmente sensible en Bolivia desde las nacionalizaciones impulsadas en la década pasada.
Mientras otros países de la región aceleran inversiones en parques solares, eólicos y sistemas de almacenamiento, Bolivia intenta ponerse al día sin romper del todo con el modelo que dominó su economía durante años. La nueva ley aparece, así como una señal de transición con menos dependencia del gas, más apertura al capital privado y una búsqueda urgente de oxígeno económico en tiempos de incertidumbre.
